Un mundo que debería tener como uno de sus objetivos prioritarios la protección de la infancia no puede asumir que más del 15% de los menores de 5 a 17 años -218 millones- estén involucrados en diferentes formas de explotación bajo la denominación eufemística de 'trabajo infantil'. Ése es uno de los datos que, con motivo de la jornada mundial que se celebró ayer, dieron a conocer la Organización Internacional del Trabajo y diferentes ONG. La explotación laboral de la infancia es un problema estructural que apunta a las precarias condiciones de vida, a la desesperación en la que se mueven las sociedades sumidas en la pobreza. Por ello la acción contra esa lacra ha de ser multidireccional, hacia las familias donde los menores son uno más en la aportación de recursos, hacia las 'empresas' que apoyan su competitividad en la mísera retribución de mano de obra menor y hacia los poderes públicos que no persiguen o incluso amparan semejantes prácticas contra la dignidad. Pero, además, esta cuestión no debe abordarse como un asunto lejano, pues incluso en nuestro país persisten algunas formas de esa explotación.

La OIT constata que en los últimos cuatro años ha descendido un 11% la cifra de niños de ese degradante batallón mundial pero el volumen global del problema es de tal calibre que no hay lugar para el optimismo. Y peor aún es el dato de que 179 millones de niños realizan trabajos especialmente peligrosos: prostitución, tráfico de drogas o participar armados en diversos conflictos. La explotación infantil, que ensucia cualquier actividad humana en la que esté presente, merece el boicot, previo a su erradicación, por los agentes de la economía globalizada.