La Audiencia Nacional acordó ayer la puesta en libertad sin fianza de los cuatro principales responsables de la sociedad de inversión Afinsa y de su proveedor de sellos, acusados de un presunto fraude «masivo» a decenas de miles de clientes, al considerar que ya no hay riesgo de que destruyan pruebas. La medida fue rechazada por la mayoría de las acusaciones, que hace ya un mes pidieron personarse en el caso, aunque el juez aún no ha estimado esta solicitud. La decisión tampoco parece haber convencido a la Fiscalía Anticorrupción, si bien no ha decidido si recurrirá la resolución judicial, fundamentalmente para pedir la imposición de más cautelas.

Albertino de Figueiredo, presidente de honor de Afinsa y dueño de la mitad de su capital social, junto a Juan Antonio Cano, presidente ejecutivo, y los consejeros Carlos de Figueiredo -hijo del primero- y Vicente Martín Peña aban- donaron la cárcel madrileña de Soto del Real a última hora de la tarde, vitoreados por un centenar de familiares, amigos y empleados que aguardaban su salida. También lo hizo el intermediario Francisco Guijarro, que suministraba gran parte de los timbres que la empresa adjudicaba a sus inversores. La Policía, que duda de la autenticidad de una parte apreciable de ese material, encontró en un lujoso chalet de su propiedad 10 millones de euros en metálico, en billetes de 500, escondidos en dos zulos recién construidos. Recobrada la libertad, no podrán viajar al extranjero -tienen 48 horas para entregar sus pasaportes- y deberán presentarse en la Audiencia cada tres días. Asimismo, habrán de facilitar un número de teléfono móvil para estar «en todo momento» a disposición judicial.

Este tipo de cautelas son habituales cuando se excarcela a personas acusadas de graves delitos -en el caso de Afinsa, estafa, blanqueo de capitales, administración desleal, insolvencia punible y falsedad en documento privado-, pero no lo es el hecho de que no se les imponga fianza alguna. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, justifica esta decisión en que los bienes y cuentas de los imputados «han sido embargados y bloqueados». La Fiscalía, sin embargo, sí habría sido partidaria de fijar alguna fianza, en congruencia con su actitud en el caso de Fórum Filatélico.

Varios directivos de Afinsa negaron ayer que la empresa fuera «insolvente» o «estafadora». Respecto al primer punto, afirmaron que en la víspera de la intervención judicial -el pasado 9 de mayo- contaban con un patrimonio de 1.015 millones de euros, frente al déficit patrimonial de 1.106 millones estimado por Hacienda al cierre de 2004.

Cuentas engañosas

No obstante, el ex director financiero de la empresa reconocía en mayo de 2004, en una carta enviada a la dirección, que sus cuentas resultaban engañosas, que era necesario cuadrarlas y que no existían beneficios reales. Los responsables de Afinsa trataron en todo momento de desvincularse de la actuación de Fórum Filatélico, acusada de los mismos delitos. Asimismo, revelaron que antes de la intervención preparaban su posible salida a Bolsa.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes justificó ayer la intervención judicial de ambas empresas, al tiempo que negó que se haya actuado con precipitación o alarmismo. Además, defendió la labor de la Agencia Tributaria en este caso porque «trabajó con la mejor información disponible».

El responsable de Economía y Hacienda, que acudió a Bruselas para reunirse con sus homólogos europeos, explicó que en este caso «ha habido tiempo para analizar el problema -las pesquisas de Hacienda duraron varios años-, tomar la decisión -la Fiscalía tardó nueve meses en presentar las querellas correspondientes- y hacerlo bien».