La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) advirtió ayer en Vitoria de que los tribunales no podrán «rebasar» los límites que fijan las leyes para favorecer el proceso de paz. El colectivo entiende que corresponde a los partidos «cambiar las leyes» si creen que es «conveniente».

Así lo aseguró el coordinador de la asociación en Euskadi, Jaime Tapia, que estuvo acompañado por el portavoz nacional, Edmundo Rodríguez Achútegui, durante la presentación del congreso nacional que JpD celebrará en la capital alavesa el jueves y el viernes bajo el lema 'Justicia, Diálogo y Paz'. «La Ley es el único criterio de toma de decisión para los jueces», subrayó Tapia, además de insistir en que los magistrados van a encontrarse con «unos límites imposibles de rebasar».

No obstante, reconoció que el alto el fuego supone una nueva «realidad social» que, sin ser «lo único que han de analizar los jueces», es «un elemento» más «que se tiene que tener en cuenta». «Hay márgenes que los jueces no vamos a poder saltarnos» insistió, antes de recordar que «no se puede estirar tanto la ley que, al final, la rompamos».

«Momento esperanzador»

Tapia señaló, en este sentido, que deben ser las formaciones políticas las que valoren la necesidad de modificar «el ámbito de las leyes o la aplicación de las leyes» como «una forma de contribuir a la situación esperanzadora» abierta tras el cese de actividades de la banda, en vigor desde el pasado 24 de marzo.

Achútegui aludió al actual momento para justificar la convocatoria en Vitoria del congreso nacional de JpD, a cuya clausura está previsto que asistan Conde-Pumpido y el ministro López Aguilar. A su juicio, la reunión servirá para «evidenciar» que una «parte importante» de la Judicatura española -«la progresista»- quiere «que se den pasos para que esa situación esperanzadora sea irreversible».

A preguntas de los periodistas, los representantes de Jueces para la Democracia abordaron diferentes cuestiones como el cumplimiento de las penas de los más sanguinarios miembros de ETA o la legalización de Batasuna. Sobre la aplicación de posibles medidas de gracia para los presos de la banda, señalaron de nuevo a los partidos políticos al sostener que «si se quiere evitar el cumplimiento de ciertas penas, tendrá que cambiarse la Ley General Penitenciaria».

Sobre el partido de Otegi y su regreso a la legalidad, hicieron una defensa de la Carta Magna y recalcaron que «con Ley de Partidos o sin ella» cualquier opción tiene cabida si cumple «las leyes y la Constitución». «La antigua Batasuna lo tiene tan fácil como plantear una opción política donde exista una condena rotunda de la violencia y una apuesta clarísima por utilizar la democracia como único instrumento», concluyeron.