Casi dos meses después de que la Fiscalía de Vitoria acusara a la directora y dos educadoras la guardería privada Primeros Pasos de malos tratos continuados a niños de 0 a 3 años durante los cursos 2001, 2002 y 2003, ayer trascendió que los abogados que representan a los padres y a la asociación Clara Campoamor han formulado idéntica imputación y pedido tres años de cárcel para cada inculpada, la misma pena que solicitó en su día el ministerio público.

José Miguel Fernández, el letrado de esa asociación, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital alavesa su escrito de acusación que«no difiere mucho» del elaborado por el fiscal. Fernández apuntó que las familias de menores personadas en la causa también coinciden en el relato de los hechos y, como el resto de las acusación, reclaman además para las imputadas tres años de inhabilitación para desempeñar empleos relacionados con la «guarda de menores».

Alarma familiar

Las investigaciones, desveladas por EL CORREO en enero de 2004, comenzaron un mes antes cuando un grupo de padres expuso a la Fiscalía de Menores de Vitoria sus sospechas de que personal del jardín de infancia podía estar maltratando a sus hijos. Llevaban tiempo observando ciertos comportamientos extraños en algunos bebés: se autogolpeaban en la boca cuando sus padres les apremiaban para terminar el desayuno o la cena. Los niños comían a mediodía en el centro, ubicado en el Paseo de la Zumaquera.

La alarma cundió cuando una antigua educadora de la guardería les aseguró que en el establecimiento «se gritaba, pegaba y amenazaba a los menores de forma sistemática». Su relato, corroborado después por otras ex compañeras de trabajo, incluía ingredientes aun más espeluznantes. Algunos padres señalaron en su día a este diario que, según la mujer, a sus hijos «se les solía tapar la cara con una bayeta para golpearles sin dejar marcas ni heridas» y «se les obligaba a comer los alimentos que vomitaban».

La pena máxima

Los escritos de la Fiscalía y las acusaciones privadas recogen todos esos extremos. Y, según Fernández, señalan que, durante los cursos 2001, 2002 y 2003, las inculpadas, «consciente y voluntariamente», sometieron a los niños que acudían al centro a «continuos malos tratos físicos y verbales», así como a «vejaciones», «principalmente a la hora de la comida».

El abogado de Clara Campoamor, un colectivo dedicado a la defensa de los derechos de los menores y las mujeres, indicó ayer que la coincidencia de los acusadores no obedece a «un pacto». «Tras analizar la prueba practicada durante la instrucción del caso, todos hemos encontrado claros indicios de delito y solicitado la pena máxima», agregó.

Ahora, las defensas deberán pronunciarse, como paso previo a la convocatoria del juicio.