El proyecto de ley del Suelo superó ayer el trámite de la ponencia parlamentaria después de una sesión muy tensa, en la que el PNV no logró cambiar las reservas de vivienda protegida que Madrazo y el PSE-EE pactaron en marzo. La portavoz del Gobierno tripartito, Miren Azkarate, aseguró que el texto saldrá adelante según lo previsto; pero el PNV aseguró haberse alineado con EA, EB, PSE y Aralar a condición de que el proyecto se modifique antes de la votación definitiva del 30 de junio. Los socialistas avisaron de que no aceptarán cambios «sustanciales», mientras que el PP y EHAK reiteraron su rechazo.

La expectación sobre la postura que adoptaría ayer el grupo peneuvista dejó en un segundo plano los únicos cambios que sí se introdujeron en el proyecto de ley y que tienen gran importancia. Por un lado, los ayuntamientos con más de 10.000 habitantes podrán aprobar los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) sin esperar al visto bueno de la Diputación. Con anterioridad, sólo se otorgaba esa capacidad a los municipios de más de 20.000 habitantes.

El segundo cambio extiende a más ayuntamientos la obligación de reservar suelo para viviendas protegidas, sean de protección oficial (VPO) o de precio tasado (algo más caras). Originalmente, esa obligación alcanzaba a las poblaciones de más de 3.000 habitantes, pero ayer se decidió ampliarla a los de 2.000 en adelante. No obstante, se ha puesto la condición de que el municipio tenga un solo núcleo de población y no esté disperso.

Discrepancias evidentes

Las reservas en sí mismas quedaron como habían decidido Madrazo y el PSE. En el suelo urbanizable se destinará un 55% a VPO y un 20% a pisos tasados. Y en el suelo urbano, el 20% irá para la VPO y el 10% para los tasados. El debate sobre este punto fue muy crispado y hubo de suspenderse varias veces para que los parlamentarios consultaran a sus partidos.

Las discrepancias entre el grupo peneuvista y los representantes de Ezker Batua, incluido el viceconsejero Javier Dean, fueron evidentes. A pesar de ello, la ponencia concluyó con el voto afirmativo del PNV al proyecto de ley, si bien los participantes ofrecieron versiones discrepantes sobre cómo se llegó a esa decisión (las sesiones de ponencia se celebran a puerta cerrada). Juan Antonio Arieta-Araunabeña, parlamentario peneuvista, admitió que sus propuestas no encontraron apoyos, aunque aseguró tener «la garantía» de que Madrazo y el PSE le aceptarán alguna «cosita» en la última reunión de la ponencia, el próximo 6 de junio.

Pero no concretó cuál será. El PNV quiere reservar el 80% de todo el suelo (urbano y urbanizable) para pisos de alquiler y viviendas protegidas; ahora bien, el alcalde tendría libertad para elegir cuántas VPO y cuántos pisos tasados se construyen en su localidad. A los peneuvistas les disgusta que los PGOU no pasen por el visto bueno de las diputaciones.Y si tiene que ser así, reclaman que no se ponga un límite de habitantes, sino que queden exentos todos los municipios.

El parlamentario Jesús Loza, del PSE, se apresuró a recordar ayer que nunca admitirá cambios de calado y que, en cualquier caso, ya no queda margen para plantearlos. Como mucho, aceptaría recortar un 5% las reservas de suelo para VPO y aumentar las de pisos tasados en esa proporción. Oskar Matute, de EB, recalcó que no «se cambiará el rumbo» de la ley.

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, no disipó las dudas, ya que dijo que la Ley del Suelo «no está en peligro», pero añadió que la negociación todavía sigue.