La negociación de las condiciones laborales que concurren en la reconversión de los astilleros públicos está batiendo todos los récords de altura alcanzados hasta la fecha. Los trabajadores van a disponer de una garantía de empleo de 10 años de duración, con el sueldo garantizado por tres años, lo que no sólo supera, sino que duplica en el primer caso las condiciones pactadas en casos anteriores, como el de Babcock, que nunca fueron utilizados como un ejemplo de austeridad social. Desde luego, la capacidad que tiene este Gobierno para aguantar la presión no pasará a la historia por su inmenso caudal. Y la sensibilidad comparativa, tampoco.

Quizás pueda usted pensar que esta concesión laboral es una exageración y un escándalo comparativo frente a los miles de trabajadores que cometieron el imperdonable error de trabajar en el sector privado o en una empresa en crisis que no alcanza la dimensión suficiente para crear un problema social de orden público. Pero, si lo piensa, le aconsejo que lo oculte. Si lo dice, será inmediatamente acusado de insensibilidad social y de practicar una crítica sistemática e ideológica al Gobierno.

El hecho de que ahora se pueda reabrir el caso de Babcock o el de Santa Bárbara, o la evidencia que las concesiones navales se van a convertir en un ejemplo ineludible para la reconversión de RTVE, no parecen preocuparle a nadie. Se me ocurre que, ya puestos, el Gobierno podría también garantizar los ingresos futuros de los afectados por Afinsa y Fórum. ¿Qué hay de malo en ello? Ya saben que, en este país, el dinero público no es de nadie y nadie lo aporta. Cae del cielo en forma de maná y últimamente cae a raudales, como si fuese una gota fría. Así que no hay razones para ponerse serio ni exigente. Eso es desagradable y no da votos.

i.m.gardoqui@diario-elcorreo.com