Los futuros dueños de La Naval y del resto de las factorías de Izar privatizadas no podrán disponer libremente, durante un plazo de seis años, de los terrenos en los que se ubican las plantas, según recoge el preacuerdo alcanzado en la noche del lunes entre los sindicatos y la Sepi. El documento establece que será necesaria la autorización del grupo naval público para la enajenación de activos u otras operaciones que puedan reducir la actividad, capacidad o extensión de los centros.

CC OO, UGT y la sociedad estatal han plasmado por escrito las condiciones socio-laborales que regirán el tránsito a manos privadas de las cuatro instalaciones que no se integraron en el consorcio público Navantia tras la crisis y reconversión del sector a principios de 2005. El texto también recoge que los trabajadores afectados no sólo tendrán garantizado el empleo durante diez años, como ya adelantó EL CORREO el pasado día 19, sino que gozarán de la seguridad de que en los próximos tres ejercicios sus salarios y condiciones laborales actuales no experimentarán merma alguna.

El documento, del que quedan aún asuntos por pactar que pueden retrasar varias semanas el cierre de la operación de venta, señala también que durante un plazo de tres años a partir de su firma Izar deberá autorizar cualquier proceso de fusión, escisión o cesión de activos o pasivos que afecte al comprador, sus accionistas o a las factorías.

Prejubilaciones

Recoge, además, la necesidad de abordar un nuevo proceso de prejubilaciones en los centros que verán reducida su plantilla con motivo de la venta. En el caso de La Naval, según es conocido, se quedará en unos 340 trabajadores, menos del 60% de la actual, según la oferta planteada por Construcciones Navales del Norte (CNN). El resto de las plantas afectadas -los astilleros de Gijón y Sevilla y la fábrica de motores de Manises- conservarán la mayor parte de su efectivos.

En el apartado de garantías de empleo, destaca la posibilidad de que los trabajadores transferidos puedan solicitar «de forma motivada» su incorporación a un centro actual de Navantia en los últimos 30 días del plazo de diez años que durará el 'paraguas' de la Sepi. Una comisión formada Sepi e Izar, de un lado, y CC OO y UGT de otro, resolverá esas demandas.

Aunque el proceso de privatización está ya muy adelantado, los compradores tienen aún que decir su última palabra, señalan fuentes conocedoras de la negociación, porque el pacto de las centrales con la Sepi incorpora compromisos como la creación de un 'hólding', que vinculará a las cuatro factorías, en el que se ha asignado a cada uno de los nuevos dueños el 10% del capital social, cuya cuantía está aún por determinar.

En cinco consejos

En este 'hólding', que ha sido una de los caballos de batalla de la negociación sindical, estará presente con un 24% el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de una sociedad de capital riesgo, y las cajas de ahorro, con un 36%, según diversas fuentes. Ejercerá funciones de aprovisionamiento, comerciales, técnicas y administrativas.

Los sindicatos firmantes del pacto de reconversión de Izar suscrito en diciembre de 2004 -UGT y CC OO- tienen previsto informar a sus afiliados esta semana sobre las condiciones del preacuerdo. A continuación trasladarán la información al resto de las centrales con implantación en las factorías y, más tarde, informarán a las plantillas en asamblea.

A su juicio, constituye una garantía importante para los trabajadores su participación en los consejos de administración de los cuatro grupos compradores de las plantas y del 'hólding' que los vinculará. Se trata de una práctica habitual en la privatización de empresas. Con ella, los sindicatos pretenden «vigilar» el cumplimiento estricto de las condiciones de venta.

El preacuerdo con la Sepi repercutirá en otras compañías que han registrado procesos similares. Las centrales esperan poder trasladar las garantías de empleo de diez años a Babcock y a Santa Bárbara. Incluso, confían en que el documento influya en las condiciones que se pacten en el ajuste de RTVE.