El responsable del servicio jurídico de EKA, Iñaki Velasco, ha comparecido esta mañana ante los medios para aclarar que "de momento, lo único confirmado" es que se han iniciado dos procedimientos para investigar supuestas irregularidades de ambas sociedades de inversión, pero "desconoceremos los delitos que se les imputan hasta que se levante el secreto sumarial".

Por ello, pidió a los afectados en el País Vasco "que aguarden hasta tener más datos y no se dejen llevar por la angustia del momento", ya que hasta la fecha han cobrado de esas empresas con normalidad, no se han producido impagos de cuotas o préstamos y las asociaciones de consumidores "por ahora, no tenemos ningún hecho constatado de haga suponer una estafa".

Sin embargo, en caso de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el posible fraude, la EKA les mantendría informados y les ofrecería asesoramiento jurídico para tramitar posibles denuncias, afirmó. En cuanto se levante el secreto de sumario, EKA convocará una asamblea para detallar a los afectados en el País Vasco, que podrían llegar a alcanzar los 22.000, las imputaciones y la trascendencia del presunto fraude.

Según dijo Velasco, "todo pinta a que este asunto se va a convertir en la crisis más importante del ámbito del consumo de los últimos años". Insistió en que la estafa alcanzaría a familias enteras y grupos de amigos, ya que en la mayoría de los casos la noticia sobre la oportunidad de invertir en ambas sociedades "corría de boca en boca".

Afinsa y Fórum Filatélico tienen oficinas en las capitales vascas y también agentes comerciales que actuaban desde asesorías o corredurías de seguros en otros municipios de la Comunidad Autónoma.

"Auténticas víctimas"

La presidenta de EKA, Berta García, opina que los afectados "han sido auténticas víctimas", por carecer de información sobre las operaciones que iniciaban, y dijo que "los consumidores no tienen por qué conocerse toda la normativa sobre inversiones", sino que la Administración debía haber regulado esa actividad, velando por el interés general, opinó.

Así, lamentó que "ahora se quiera transmitir que los clientes de esas empresas han sido gente avariciosa que quería hacer dinero rápido", cuando en realidad "actuaban más bien por ignorancia y nadie les advirtió del riesgo de esas operaciones".

García responsabilizó al Ministerio de Sanidad y Consumo de lo ocurrido "por no haber controlado esa actividad y haber investigado antes, si como dicen ahora tenían conocimiento de impagos a Hacienda y a la Seguridad Social desde el año 2000" y reiteró su petición de que se legisle para regular el sector de los fondos de inversión.