Desde principio de año, cuando entró en vigor la Ley antitabaco, un 46,3% de los fumadores ha intentado en alguna ocasión dejar el hábito y al menos la tercera parte de éstos declaraba llevar ya más de tres meses sin probar un cigarro. Las expectativas son halagüeñas con la senda abierta por la nueva normativa, toda vez que la mitad de los fumadores españoles -se calcula que existen 10 millones de adictos al pitillo- se plantea abandonar el vicio en los próximos seis meses.

Son datos extrapolados de una encuesta elaborada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que representa a más de 18.500 profesionales de atención primaria, en 18 centros de salud de siete comunidades autónomas. Del total de encuestados, un 38% eran fumadores. El estudio de campo revela que el 78% de los no fumadores y el 62% de los fumadores consideran un acierto la promulgación de esta ley, que prohíbe fumar en el trabajo o en centros públicos y lo limita severamente en otros espacios.

¿Una enfermedad?

Una de las preguntas más simbólicas planteaba a los pacientes si consideraban el tabaquismo una enfermedad. Sólo un 35% de los fumadores la calificó de esta manera, frente al 73% de los no fumadores, que no tienen duda de que esta adicción debe ser tratada como una patología. Sobre la disposición a aceptar la ayuda del médico de familia para dejar el hábito, un 79% se mostró positivo, frente a un 10% que dijo que no y un 11% que no se pronunció.

Para el doctor Luis Aguilera, presidente de SEMFYC, es evidente que la ley ha demostrado, cuando no han transcurrido cinco meses desde su aprobación, ser «un motor que ha favorecido que centenares de miles de fumadores decidan abandonar el tabaco».

Por este motivo, tildó de «torpeza y error grave» la actitud «confusa» mostrada para aplicar la ley en determinadas comunidades autónomas, como Madrid, Murcia, Valencia o la Rioja. Y es que, indicó, desde una perspectiva de salud pública «es muy dañina la difusión de mensajes contradictorios, de rectificación de la ley, que lo que hacen es poner trabas a la deshabituación y, en última instancia, perjudicar los esfuerzos que realizan los fumadores por abandonar el tabaco».

La mencionada sociedad científica reclamó, además, que el sistema nacional de salud financie los fármacos disponibles, sustitutos de la nicotina, a todos los fumadores que soliciten ayuda para abandonar el cigarro. Estos fármacos, según los médicos de familia, han demostrado científicamente su eficacia en el tratamiento del tabaquismo y su precio, en torno a las 150 euros, ha originado una situación de desigualdad social, «porque las clases más desfavorecidas, que tienen además mayor adicción, no pueden costearse el precio desproporcionado de estos tratamientos». La SEMFYC evalúa en alrededor de 20 millones de euros anuales el costo de esta financiación.

Además, los facultativos proponen una reforma de la actual ley que contemple la restricción absoluta de fumar en los espacios compartidos. Es decir, que el 'espacio sin humos' sea total también, sin lugar a la elección, en todos los bares y restaurantes. En cuanto a los vehículos privados, no se pronuncian, «de momento», por la prohibición de fumar, si bien apelaron a la «responsabilidad».