El consejero delegado de Abertis , Salvador Alemany, mostró ayer sorpresa tras conocer la amenaza del Gobierno de Evo Morales de revisar las concesiones de los tres aeropuertos que la compañía gestiona en el país junto al grupo público español Aena. El responsable del grupo restó importancia al encontronazo y descartó, en principio, la salida de Bolivia.

Sin embargo, recordó que los tres aeródromos -los de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz- apenas aportan un millón de euros al negocio global de la firma que, de encontrar una oposición frontal, no perderá el tiempo en «misiones imposibles». En ese sentido, explicó que la reciente ola de gobiernos populistas obligará a los inversores a replantear su entrada en América Latina.

«La situación en Bolivia nos ha causado sorpresa, pero ningún desasosiego», señaló Alemany, quien aseguró que el Ejecutivo de Evo Morales no se ha dirigido de forma oficial a Abertis para explicarle sus planes.

El martes, a petición de los sindicatos y para frenar una huelga convocada en todo el país, el director de Aeronáutica Civil, Javier García, afirmó que el Gobierno revisará las concesiones y amenazó con revocar los contratos si se detectara alguna irregularidad.

Protesta de Repsol

Mientras, la filial boliviana de la petrolera Repsol YPF denunció ayer que dos fiscales intentaron impedir ilegalmente la salida del país del ex presidente de esa empresa Julio Gavito, quien finalmente logró partir hacia Buenos Aires y Madrid. La empresa rechazó «el increíble e ilegítimo atropello» de los fiscales José Centenaro y Alberto Cornejo, que trataron de impedir la partida de Gavito «en franco desconocimiento de la orden judicial de suspensión temporal del arraigo que lo autorizaba a viajar».

Gavito y el jefe de operaciones de la filial de Repsol, Pedro Sánchez, están acusados de contrabando y fueron detenidos en marzo en la ciudad de Santa Cruz, sede de la petrolera, pero el Tribunal Constitucional invalidó en abril la orden de captura.