El viceconsejero de Trabajo del Ejecutivo de Vitoria, Juan José Loroño, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para hacer pública la posición de su Departamento ante el acuerdo firmado ayer entre el Gobierno, CC OO y UGT y la patronal CEOE. En cuanto a la apuesta por reducir la temporalidad en el mercado laboral, Loroño ha dicho que la fórmula propuesta "puede ser más nominal que real" y "no descartamos que el acuerdo pueda convertirse a medio plazo en un abaratamiento real del despido y, por ello, una pérdida de los derechos de los trabajadores".

En concreto, ha explicado que la reducción de 45 a 33 días por año trabajado de indemnización por despido no tiene un efecto determinante para las empresas en los primeros años de vida laboral de un trabajador, pero cuando se acumulan años y disminuye el coste de la indemnización supone "reducir los derechos de los trabajadores respecto de la situación actual". Ha añadido que en el futuro "nos podríamos encontrar con trabajadores de dos clases, los que tienen derecho a 45 días de indemnización y otros con 33".

Loroño ha propuesto un modelo diferente, basado en una menor indemnización a lo largo de los primeros años de empleo, mientras se "consolida a actividad económica" que lo generó, pero "una vez consolidada, los derechos de los trabajadores deberían ser exactamente los mismos".

Ayudas

El viceconsejero ha analizado otro aspecto de la reforma, la referente a las bonificaciones para la contratación de trabajadores fijos o la conversión de los temporales en fijos, y ha dicho que se verán especialmente beneficiados los contratos de trabajo menos cualificados. Ha aclarado, no obstante, que las ayudas previstas no llegan ni a la mitad de las que el Gobierno vasco viene otorgando a las empresas desde 2003, de entre 6.000 y 7.500 euros para la contratación de mujeres, jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, y de entre 3.000 y 3.750 euros para la conversión de contratos temporales en fijos.

Pese a estas ayudas, ha recordado Loroño, la tasa de temporalidad es similar en el País Vasco a la del Estado, por lo que "nos tememos que estas medidas cuando se presentan como herramienta básica para acabar con la temporalidad probablemente no vayan a dar fruto deseado".

También el consejero ha valorado el intento de "limitar el encadenamiento de contratos", porque suponía un fraude de ley, pero ha lamentado que la reducción de los costes empresariales en materia de cotización a la Seguridad Social y de Fogasa no se hayan dirigido a crear un fondo especial dedicado a los efectos de la deslocalización de las empresas. "Este momento era el ideal para que, en vez de reducir las cotizaciones que individualmente y empresa por empresa no son significativas como efecto directo en la competitividad, se hubiera creado un fondo especial para la deslocalización", ha insistido.