El contraste de las reacciones española y brasileña ante la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia es elocuente y más tras la infructuosa visita a La Paz del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León. Brasil es, junto España, el país más gravemente perjudicado por la decisión boliviana y su presidente, Lula da Silva, ya se ha entrevistado y ha hablado varias veces con Evo Morales para advertirle de las consecuencias negativas de sus actos. La empresa de petróleo brasileña, junto con su disposición de dialogar, ha planteado claramente la posibilidad de acudir a los tribunales para lograr reparar el daño causado, de acuerdo con las leyes bolivianas e internacionales. El Gobierno español debería imitar el ejemplo de Lula y abandonar su ineficaz retórica política y su apelación a un diálogo y un acuerdo desmentido por los hechos.

Una vez confirmadas las intenciones del nuevo Ejecutivo boliviano ya no caben excusas para no concertar con Brasil una sólida defensa común y condicionar la ayuda al desarrollo o la condonación de la deuda a Bolivia a una solución satisfactoria. Este tipo de nacionalizaciones, sin base jurídica alguna, no dañan sólo los intereses de las multinacionales y de los países a las que pertenecen, sino también, y sobre todo, el de los propios ciudadanos de Bolivia. Y es que la forma tan arbitraria con la que ha sido realizada envía a los inversores extranjeros y a los bancos internacionales, esenciales para el desarrollo de cualquier país, un irrefutable mensaje de inseguridad jurídica que no tardará en pasar factura al crecimiento económico boliviano.