Esperanzado por el momento político, Antonio García mantiene una intensa agenda de trabajo. Al margen de su labor como juez en la Audiencia de Vizcaya, su nombramiento como portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura -la más importante en España, con 1.500 afiliados- ha incrementado sus compromisos. Sin perder de vista a Euskadi, critica que «una formación ilegalizada como Batasuna» pueda convocar actos y ruedas de prensa «penalmente punibles».

-¿Cuál debe ser el papel de los jueces en el alto el fuego?

-El de siempre, el único que nos corresponde. Ser los garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos y aplicar la ley.

-El fiscal general les pidió que midieran sus decisiones en función del actual momento.

-El fiscal general del Estado se debe limitar a hacer su trabajo. No le corresponde dar instrucciones o hacer sugerencias de cómo debemos hacer el nuestro.

-La APM ha sido muy crítica con Conde-Pumpido y el Ministerio.

-Nos da la impresión de que se nos está pidiendo que hagamos algo que no nos corresponde. Quieren que adoptemos un papel específico de la clase política.

-La izquierda abertzale se queja de una persecución policial y judicial.

-Se podrán quejar de lo que quieran. Nuestra asociación no piensa que en el año 2006, en un Estado social, democrático y de derecho como el español, los jueces persigan a nadie. Los jueces son garantes de los derechos de todos, incluso de los terroristas.

-Algunos tienen sus dudas.

-Nadie es sometido a un proceso penal, ni condenado, si no es aplicando la legislación y tras un proceso con todas las garantías. Esas cuestiones son producto de mentes calenturientas, inclinadas a la esquizofrenia o la paranoia.

-¿Los procesos contra Batasuna y su entorno dificultan la paz?

-No son procesos contra Batasuna, sino contra personas concretas. Por otro lado, los procesos judiciales no dificultan nada. Batasuna es algo inexistente, ilegalizado y disuelto. Seguir hablando de ella no deja de estar fuera de lugar.

-Si el proceso de paz continúa, ¿el macrojuicio puede acabar en una sentencia menos contundente?

-No creo que el denominado proceso de paz condicione nada. Hay un proceso judicial que será resuelto con una sentencia. Veremos si hay condenas o absoluciones.

-¿Debe acercarse a los presos?

-No tenemos nada que decir sobre ese tema. No es una decisión que nos corresponda. Entra dentro de la política penitenciaria.

-¿El relevo de Fungairiño en la Audiencia Nacional ha sido un gesto para Batasuna?

-Es una decisión que corresponde al fiscal general del Estado. El papel desarrollado por el fiscal Fungairiño hay que reconocerlo. Ha rendido un gran servicio al Estado, que ha sido sobresaliente.

-¿Cómo vive la judicatura el actual momento tras el alto el fuego?

-Como ciudadano, con más tranquilidad y esperanza. Pero, como juez, no detecto ninguna novedad. Hoy vivo mi oficio igual que ayer.

Kale borroka

-¿Nota diferencias que inviten a la esperanza respecto a 1998?

-Como asociación, tenemos por norma no interpretar los comunicados de una banda armada.

-El Gobierno insiste en que podemos estar ante el principio del fin.

-Ésa es una opinión que recibimos muy esperanzadamente. La esperanza del Gobierno es la nuestra.

-Tras los últimos actos de kale borroka, ¿creen que ETA tiene una voluntad firme de abandonar las armas?

-Sólo podemos decir que hay unos actos violentos de una extraordinaria gravedad que, en cuanto constitutivos de un delito, tienen que ser perseguidos.

-¿Pero cómo lo valoran?

-Son sorprendentes las valoraciones que han efectuado determinadas personas en nombre y representación de un partido ilegalizado y disuelto, de lo cual se despren- den indicios de la posible comisión de un delito, que entendemos que también debería ser perseguido y depurado judicialmente

-¿Les ha sorprendido que Batasuna dijera que los últimos actos de kale borroka son «muy graves»?

-Las declaraciones que haya podido hacer, por ejemplo, don Joseba Permach no entro a valorarlas. Lo que digo es que las hizo en nombre de un partido político ilegalizado y disuelto. Un partido que tiene prohibido todo tipo de actividades y actos bajo conminación de responsabilidad penal, según establece la Ley de Partidos. Se puede estar ante un hecho delictivo y Permach ha podido incurrir en una responsabilidad penal.

-¿Ve manga ancha con Batasuna?

-Si ruedas de prensa como las últimas se reiteran, tendremos que empezar a pensar que es real esa manga ancha. No estamos en un momento de apagón legal y hay que respetar el marco legal. Cuando una persona realiza unas declaraciones en nombre y representación de un partido ilegalizado, está incurriendo en un presunto delito.

-Pero no se puede negar la palabra a la izquierda abertzale. Debe estar en este proceso, ¿no?

-Yo no hablo de la izquierda abertzale. Hablo de un partido ilegalizado y disuelto, de Batasuna, que no puede realizar ninguna actividad. Y no lo digo yo, lo dice la ley.