El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, garantizó ayer que el Ejecutivo trabaja para lograr la paz en el País Vasco con el respeto a la «memoria de las víctimas» del terrorismo como eje fundamental. En un mitin en Valladolid con motivo de los dos años de Gobierno socialista, el ministro expresó su convicción de que el «principio del fin» de ETA puede ser una realidad. Apeló a la expresión utilizada por el presidente del Gabinete, José Luís Rodríguez Zapatero, para resaltar que, si se ha llegado a esta fase en la que se vislumbra un posible final de la violencia en Euskadi, es «porque los demócratas lo hemos hecho bien y nunca hemos desistido en nuestras convicciones y valores».

«Vamos a dedicar estos años que nos quedan por delante de legislatura para convertir lo que hoy es una esperanza en una realidad, la paz», aseguró Pérez Rubalcaba , quien dijo que el Gobierno buscará el fin de ETA con «firmeza, determinación, generosidad y unidad» y, sobre todo, con el recuerdo de los damnificados del terrorismo. Desde esta perspectiva, insistió en que el Ejecutivo tendrá muy en cuenta «la memoria de las víctimas, porque ellas son las que más pagaron y las que más duramente sufrieron los zarpazos del terrorismo».

El capítulo de las víctimas fue el único aspecto en el que el ministro alabó la actitud del PP porque, tras elogiar las palabras de Mariano Rajoy después del alto el fuego permanente declarado por ETA, arremetió sin ambages contra la formación popular, a la que acusó de ser cada vez «más radical y más inmovilista», no sólo en la política antiterrorista.

Rubalcaba contrapuso la «crispación, los desvaríos e insultos» de la oposición a los resultados positivos del Ejecutivo en temas como el empleo, el aumento del salario mínimo interprofesional, «que beneficia a 400.000 ciudadanos», las políticas sociales y las mejoras en servicios como la sanidad.

Pero la diana de las críticas del ministro de Interior se situó en las reformas de los estatutos de autonomía. Calificó de «rigurosamente inconstitucional» la iniciativa del PP de recoger cuatro millones de firmas para exigir la celebración de un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, al tiempo que interpretó que las acciones de la derecha mantienen un «tufo de catalanofobia». Rubalcaba afirmó que a Javier Arenas «le están obligando» a pronunciarse contra la reforma del Estatuto de Andalucía para que las tesis que defiende el líder nacional del PP no queden invalidadas; porque «esto de que España se rompe no se lo cree nadie», añadió.

Sostuvo que el tiempo demostrará que el catastrofista vaticinio de Rajoy no tiene ningún sentido y que el desarrollo autonómico es una «ola imparable» para la mejora del bienestar de los ciudadanos. Abogó, por ejemplo, por «desatascar» el Tribunal Supremo con la descentralización de las competencias de Justicia.

Autogobierno

Pérez Rubalcaba lamentó la actitud de los populares, a quienes recordó que también se opusieron al Estado de las Autonomías recogido en la Constitución de 1978, utilizando entonces argumentos como la unidad de España en tiempos de los Reyes Católicos. «No hay nada más unido que una España plural», apostilló el titular de la cartera de Interior, para subrayar que la intención del Partido Socialista es profundizar en el autogobierno de regiones que ya han iniciado el proceso de reforma: Valencia, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Galicia.

Ante las críticas sobre la posible inconstitucionalidad de las modificaciones en la norma catalana, el ministro se mostró categórico: «El Estatut es constitucional de la A a la Z». Por ello, auguró que la derecha no derogará ni éste ni ningún otro texto autonómico, «a pesar de que se atribuyen actualmente la condición de padres de la Constitución», señaló en tono irónico.

El ministro también aseguró que, a pesar de las críticas a las leyes de contenido social, el PP no derogará ninguna, ni siquiera la ley que reconoce el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo. Después de elogiar los avances que se han producido en España desde el año 2004, admitió que «queda mucho por hacer». Entre los proyectos legislativos pendientes para los dos próximos años, citó la Ley de Dependencia y la elaboración de una ley para conseguir la igualdad real de hombres y mujeres.