El Estado ha gastado 739 millones de euros -123.000 millones de las antiguas pesetas- en la empresa de bienes de equipo Babcock desde que en 1997 adoptara las primeras decisiones para arrancar su proceso de privatización. Así lo refleja un informe que acaba de emitir el Tribunal de Cuentas del Reino, que analiza lo sucedido con la compañía desde esa fecha hasta marzo de 2005 y que advierte de que la cifra puede crecer de forma notable. El coste para las arcas públicas de las peripecias vividas por la firma desde aquel año puede superar los 1.000 millones de euros si, como barrunta el propio órgano fiscalizador, fracasan determinadas operaciones de ingeniería fiscal realizadas por el grupo público Sepi -su anterior propietario- antes de la venta de la sociedad.

La suma de 739 millones es el cómputo del saneamiento financiero y patrimonial que se realizó en la antigua Babcock & Wilcox con anterioridad a su venta, junto a una inyección directa de fondos en la la empresa ya privatizada por un importe cercano a los 258 millones y los 42 millones que salieron de las arcas de la Sepi para financiar el último plan de prejubilaciones, aprobado en el verano de 2004.

El Tribunal de Cuentas se ha mostrado crítico con algunas fases del proceso, especialmente con lo que denomina «segunda privatización»: el momento en que las acciones pasaron de estar en poder del grupo alemán Borsig a la multinacional austriaca Austrian Energy, tras la quiebra de la primera. El órgano de fiscalización de las cuentas públicas califica como «adecuada» la decisión de la Sepi de seleccionar a Austrian Energy como nuevo propietario de la firma a la vista de las propuestas que existían sobre la mesa, aunque no duda en cuestionar el procedimiento utilizado para ello. Así, cree que el Estado debería haber recuperado la titularidad de las acciones cuando Borsig entró en disolución -mediante una resolución del contrato que había permitido su venta y como consecuencia del incumplimiento de los compromisos adquiridos- para dirigir de forma efectiva y sin intermediarios la «segunda privatización».

Propiedad pública

Esta tesis defendida ahora por el Tribunal de Cuentas no es nueva. Aunque resulte paradójico, ya fue defendida en el seno del Gobierno en marzo de 2003 por el entonces vicepresidente para Asuntos Económicos, Rodrigo Rato, quien llegó a manifestar en público la necesidad de recuperar el control accionarial sobre Babcock. Rato, sin embargo, renunció a su idea después de que el entonces presidente de la Sepi, Ignacio Ruiz Jarabo, esgrimiese un argumento contundente en su contra. «Si recuperamos las acciones -señaló entonces el entonces máximo responsable de la sociedad estatal-, la UE retirará de forma inmediata su autorización para entregar ayudas públicas a la empresa y Babcock entrará en quiebra en cuestión de días». El órgano fiscalizador no ha analizado esta hipótesis.

Sí ha estudiado, aunque de forma más superficial, el actual estado de la compañía, y constata que el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Austrian Energy con el Estado, a cambio de recibir ayudas, es bastante pobre. A finales de abril del pasado año -fecha en la que se detiene el informe de fiscalización-, los actuales dueños de la empresa mantenían «un bajo nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la Sepi -señala el documento del tribunal- especialmente en cuanto a transferencias de tecnología y contratos, inversiones y apoyo financiero». Pese a ello, el aclara que «no puede afirmarse que se hubiese incumplido el plan industrial suscrito en el acuerdo de 19 de diciembre de 2003, ya que éste tenía una vigencia de tres años, período que vencerá el 30 de enero de 2007».

El informe recuerda que, en el dilatado proceso de privatización, al menos dos multinacionales a las que se les llegó a adjudicar Babcock -la noruega Kvaerner y la norteamericana McDermott- entraron en suspensión de pagos antes de hacerse cargo de la sociedad. Un 'virus' que también afectó a la alemana Borsig, aunque en este caso después de asumir el control de las acciones.