El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reconoció ayer que la futura Ley de Dependencia se traducirá al principio en ayudas económicas a los ciudadanos que cuiden de sus mayores impedidos, un colectivo que suma algo más de un millón de personas en España. El motivo es que los servicios sociales autonómicos y locales, sobre los que debe construirse todo el sistema de prestaciones, se encuentran a veces en mantillas y varían de unas comunidades a otras. De ese modo, mientras el sistema esté en rodaje, muchas familias tendrán que ocuparse de las personas dependientes y las ayudas prevalecerán sobre los servicios directos.

Jesús Caldera hizo estas matizaciones al término del Consejo de Ministros, una vez aprobado el proyecto de Ley de Dependencia. El paso siguiente es tramitarlo en el Congreso durante este año para que entre en vigor en enero 2007. Hacia 2015, cuando la estructura esté implantada por completo, la cantidad media que recibirían los cuidadores familiares podría rondar los 375-400 euros mensuales, aunque Caldera precisó que la cifra concreta dependerá del grado de incapacidad de la persona. Los potenciales beneficiarios podrán someterse a un examen médico para valorar sus minusvalías a partir del año próximo.

Las ayudas mencionadas por el ministro podrían concretarse en Euskadi en un plan de apoyo a las familias que el Gobierno vasco va a presentar en breves fechas. Todos los grupos del Parlamento vasco, menos EHAK, le han exigido que incluya subsidios para los hogares que cuidan a familiares, una tarea desempeñada casi siempre por mujeres y que lleva un mínimo de seis horas al día.

Una «revolución»

Actualmente, las instituciones vascas atienden a 50.000 personas en residencias, centros de día y a través de la teleasistencia, lo que supone el 12% de los mayores de 65 años. En el conjunto de España, sólo el 3,5% de las personas mayores disponen de ayuda a domicilio; el 2,84% disfruta de teleasistencia; el 3,86% está ingresado en una residencia y el 0,54% tiene plaza en un centro de día.

Caldera reiteró ayer que la nueva legislación supondrá una «revolución» respecto a esa situación. Precisamente, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a una partida de 200 millones para programas piloto previos a la aplicación de la ley. La comunidad vasca ha quedado excluida de esa línea de fondos, pero el consejero Javier Madrazo firmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Caldera, por el que Euskadi recibirá nueve millones este año.

El sistema de Dependencia se sostendrá a través del copago, aunque Caldera insistió en que los beneficiarios nunca desembolsarán, por término medio, más del 30% del servicio. Esa aportación desgravará en Hacienda con un tratamiento similar al de los planes de pensiones.

El ministro de Trabajo destacó que el proyecto de ley garantiza la atención de quienes no tienen recursos y abarca a los minusválidos psíquicos y a los niños de 0 a 3 años. El texto definitivo ha clarificado los niveles de protección y mejorado la participación de los ayuntamientos. Ya no impide que los menores de 65 años puedan tener un asistente personal y concede mucha importancia a la vigilancia del fraude. Las sanciones por este motivo podrán alcanzar los 6.000 euros.

El Gobierno central tiene asegurada la mayoría parlamentaria para su proyecto, al contar con el apoyo de IU, Esquerra Republicana y las formaciones del Gobierno vasco. El PP se sumó ayer al consenso, mientras CiU anunció una enmienda a la totalidad, alegando que el texto vulnera el nuevo Estatuto catalán.