El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco notificó ayer una nueva sentencia, que reconoce el derecho de varios trabajadores de una filial de Babcock, dedicada a los montajes industriales, a permanecer en la empresa matriz, a volver a la antigua sociedad ahora sin actividad y en situación latente -Babcock Wilcox- o incluso a exigir su entrada la plantilla del grupo público Sepi, a su voluntad. Éste es el segundo fallo de este tribunal en el mismo sentido -proceden de dos secciones diferentes- sobre causas que tienen su origen en demandas presentadas en momentos diferentes: en torno a 1998, cuando la empresa aún era propiedad del Estado, en el primero de ellos, y en 2002, cuando acababa de ser privatizada, en la que acaba de hacerse pública.

Fuentes de la Sepi anunciaron ayer su decisión de recurrir ante el Supremo estas sentencias, lo que provocará una dilación de varios años en la resolución final de estos contenciosos.

La primera de las sentencias sirvió de base la pasada semana para que la asamblea de trabajadores de Babcock adoptasen la decisión de iniciar una reclamación similar. Esto es, la presentación de demandas judiciales en las que reclamarán su regreso como trabajadores del sector público, situación que abandonaron en 2002 cuando la sociedad estatal vendió la compañía de bienes de equipo al grupo alemán Borsig Power. Inicialmente, los asesores jurídicos que asisten a los sindicatos han recomendado que estas demandas sean individuales -la empresa tiene 429 empleados-, para que sean analizadas por los tribunales del País Vasco. Un conflicto colectivo, apuntan, llevaría el caso a un juzgado de lo social nacional , ya que la compañía tiene también un centro de trabajo en Madrid.

Fuentes jurídicas señalaron ayer que si las demandas de integración tienen éxito habrá dos claros ganadores: «la plantilla, sin duda, y los propietarios de Babcock. Les trabajadores se irán gratis a la Sepi y ellos se quedarán con los terrenos».