El BBVA, el grupo Santander y Caja Madrid respaldarán el aval de 1.000 millones de euros que el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid ha exigido a Endesa para hacer efectiva la suspensión cautelar de la OPA lanzada por Gas Natural sobre la eléctrica. La juez ha justificado esa medida en el hecho de que, en su opinión, existen indicios razonables para sospechar que esa operación es consecuencia de un pacto previo entre la firma gasista e Iberdrola -que han acordado un reparto de activos si la oferta sale adelante- para eliminar a un competidor del mercado (Endesa). Ese consenso, «colusorio» en terminología jurídica, vulneraría el Tratado de la UE.

El plazo de cobertura de la caución está fijado por un periodo de un año y Endesa pagará un tipo de interés del 2 por mil. Es decir, deberá abonar dos millones de euros. Su ampliación más allá de ese periodo -una hipótesis que se descarta- obligaría a revisar las condiciones de la concesión. El grupo Santander, bien a través del Banco Santander, bien a través de Banesto, pondrá a disposición de la compañía 400 millones de euros, la misma cantidad que el Bilbao Vizcaya Argentaria. Mientras, Caja Madrid, socio de referencia de la eléctrica con casi el 10% del capital, pondría 200 millones.

Reunión del consejo

El consejo de administración de Endesa se reunirá mañana para decidir si finalmente presenta el aval, que paralizaría la OPA de Gas Natural. Todos los indicios apuntan a que ésa será la opción que adopte finalmente, lo que le permitiría seguir adelante con el proceso judicial que ha emprendido para defenderse de esa iniciativa. Con esa hipótesis trabaja al menos el equipo jurídico de la eléctrica.

Pese a tener ya garantizado la concesión del aval de 1.000 millones, la compañía presentó el pasado martes un recurso contra el auto del juzgado en el que pide una rebaja del aval, aunque no especifica hasta qué cantidad. Si la Audiencia provincial estima sus argumentos, pedirá a las partes implicadas -Endesa por un lado y Gas Natural e Iberdrola por otro- que se pronuncien al respecto. Sería entonces cuando la empresa 'opada' debería cuantificar la reducción que solicita. El tribunal dispone de un plazo de veinte días para adoptar una decisión en relación con el recurso presentado por la eléctrica.

Su presidente, Manuel Pizarro, no descartó ayer reclamar daños a sus dos competidores si la Justicia determina que la OPA de la firma gasista fue fruto de un pacto con el grupo vasco «perjudicial» para sus accionistas.

Sin aclaraciones

Mientras tanto, la juez Miriam Iglesias ha dictado un auto en el que declara que «no ha lugar» la solicitud de aclaración presentada por Endesa en relación con la forma de constitución del aval. Además, rechaza la petición de que el plazo para la constitución de esa caución no comience a correr hasta el día siguiente a la notificación de la aclaración o el rechazo de la misma. Por tanto, el periodo para la constitución de la fianza se mantiene en diez días laborables y finalizará el próximo miércoles.

En su solicitud, el grupo energético pedía que se aclarase la forma de constitución del aval y, en concreto, si podía recurrir a los importes de diferentes créditos para constituir la caución.

En un auto dictado el pasado día 24, la magistrada se declaraba competente en ese litigio al desestimar el recurso de Gas Natural que planteaba la falta de competencia territorial de ese juzgado.