El PSOE respaldó la Ley de Partidos Políticos que en 2002 impulsó el Gobierno de José María Aznar y que permitió ilegalizar al brazo político de ETA para sacarlo de las instituciones por primera vez desde la instauración de la democracia en España. Importantes dirigentes del que entonces era el principal partido de la oposición albergaban fuertes reticencias sobre la norma, pero la dirección socialista impuso el apoyo y ahora no se plantea modificarla ni derogarla.
El Gobierno está convencido de que esa ley ha sido fundamental para debilitar a Batasuna y a ETA. Creen los inquilinos del Palacio de La Moncloa que los efectos de aquella ilegalización han forzado a la izquierda 'abertzale' a presionar a la banda para que deje las armas y apueste por las vías políticas, como apuntó Batasuna en la declaración de Anoeta de 2004.
El Ejecutivo estima además que uno de los objetivos fundamentales del alto el fuego acordado por la organización terrorista es dar a la formación que lidera Arnaldo Otegi la oportunidad de regresar a las instituciones. En su comunicado, ETA deja claro que intentará conseguir en el futuro "el desarrollo de todas las opciones políticas". Algo que, auguran, buscará Batasuna en las elecciones municipales de primavera de 2007.
El gabinete socialista estudia qué pasos dará la izquierda 'abertzale' para regresar a los ayuntamientos y volver a hacer política. Para ser legal, recuerdan miembros del Gobierno, los partidos deben condenar la violencia. La cuestión es prever qué ocurrirá en una situación en la que no existan atentados que condenar, situación que no contempla la ley. Lo importante, añaden, es que en ese horizonte la izquierda 'abertzale' apuntalará el proceso de final de la violencia.
Responsables del PSOE y del PSE creen que la formación 'abertzale' intentará presentarse a los comicios bajo otras siglas y con listas 'blancas', es decir, en las que no aparezca ningún dirigente 'tocado' por el proceso de ilegalización de Batasuna o con causas pendientes con la Justicia. Una maniobra que dificultaría a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado impugnar las candidaturas.
Sin derogar la ley
Lo que no admite el gabinete socialista es "flexibilizar las leyes" ni mucho menos cambiarlas para facilitar la salida a Batasuna. En el Palacio de La Moncloa calculan que en este proceso el tiempo está a favor de Rodríguez Zapatero mientras que la arena del reloj cae cada vez más rápido en contra de los intereses de la izquierda 'abertzale', que tendrá que "moverse rápido" si quiere tener tiempo suficiente para regresar a los ayuntamientos vascos y navarros en 2007.
Para conseguirlo, el Gobierno calcula que Batasuna debería actuar antes del próximo otoño. El Ejecutivo se muestra más cauto, pero en algunos círculos socialistas ya se empieza a considerar "inevitable" que la izquierda 'abertzale' esté presente en los comicios municipales si las intenciones de ETA son dejar la violencia de manera definitiva.
Creen que esa situación permitiría a los sucesores de Batasuna entrar en el juego de la política con fuerza -estiman que conseguiría uno de sus mejores resultados electorales si ETA abandona la violencia-, lo que impulsaría el proceso de disolución definitiva de la banda terrorista, un proceso que protagonizarán de manera exclusiva los emisarios del Gobierno y los interlocutores de la propia organización terrorista.
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