La Guardia Civil comprobará si la armería bilbaína Ollagorra, en la que el pasado fin de semana fueron robados una veintena de revólveres y otras armas por el procedimiento del butrón, cumplía las estrictas medidas de seguridad que se exigen a este tipo de comercios. Los asaltantes, en una acción aparentemente medida, abrieron un boquete en el sótano del edificio contiguo, probablemente de madrugada, y desde ahí penetraron en un almacén de la tienda donde estaba depositada una partida propiedad de una empresa de seguridad.

El reglamento de armas prevé multas de 30.000 a 300.000 euros (entre cinco y cincuenta millones de pesetas) y/o suspensión temporal de la licencia de entre seis meses y un año, si se demuestra que el establecimiento «omitió las precauciones obligatorias para garantizar» la protección de un género especialmente sensible por su peligrosidad. Más aún, si como consecuencia de la infracción se ha producido «pérdida, sustracción o robo de armas», la normativa castiga a los establecimientos, ya sean fábricas o lugares de venta como es el caso, con la clausura desde seis meses y un día hasta dos años de duración.

El expediente abierto por el instituto armado, encargado del registro de armas, tendrá que determinar si Ollagorra contaba con las alarmas, cámaras de seguridad y demás medidas preceptivas, y si el género almacenado contaba con licencia. Una vez realizado el inventario, el armero notificó a la Guardia Civil una relación del material sustraído: 21 revólveres de tres modelos diferentes, una pistola automática, un rifle y dos armas detonadoras, según confirmó ayer un portavoz de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya.

La partida de armas cortas había sido revisada en el establecimiento y tenía que haber sido recogida por un responsable de la firma de seguridad el pasado viernes, que telefoneó a la armería disculpándose porque una indisposición le impedía acudir a retirar los revólveres.

La denuncia por el robo fue interpuesta a las ocho y media de la mañana del lunes ante la Ertzaintza, según informó ayer el Departamento de Interior. La Policía autónoma ha abierto una investigación para localizar a los autores del asalto. Según los primeros indicios, todo apunta a que el golpe fue fruto de un chivatazo. Los agentes encargados del caso tendrán que averiguar de dónde partió esa información. Los butroneros, posibles miembros del crimen organizado, intentarán vender su preciado botín en el mercado negro, donde cada pieza se cotiza por unos 1.200 euros.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, opinó ayer que el asalto parecía «muy organizado» y se preguntó si los autores tendrían «información de dentro» porque -según dijo-, «sabían demasiadas cosas, sabían que estaban ahí las armas».