El último Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y a un proyecto de Ley orgánica de Protección de la salud y de Lucha contra el dopaje, dos iniciativas coherentes con el principio de juego limpio en la actividad deportiva. La ley ordinaria se refiere a todas las disciplinas, aunque no cabe duda de que son los incidentes en torno al fútbol los que han hecho saltar las alarmas. La nueva normativa permitirá la participación de extranjeros en competiciones no profesionales y el régimen sancionador por actos violentos, racistas o xenófobos en recintos deportivos contemplará la pérdida de puntos y el descenso de categoría de los clubes. Estos se rebelan contra el endurecimiento por faltas o delitos ajenos a su voluntad y control, un punto que aportará material para la futura discusión parlamentaria. Pero está claro que las entidades no pueden esquivar su responsabilidad, y no sólo como organizadoras de los espectáculos donde salen gratis los insultos racistas y las exhibiciones nazis. De igual manera que la Asociación de Futbolistas (AFE) algo debería hacer con sus asociados que, jornada tras jornada, agradecen el aplauso de los sectores ultras de las hinchadas, con los que contemporizan también algunos directivos.

Todo eso se quiso corregir con el Protocolo de Actuaciones contra el Racismo aprobado hace ahora un año. ¿Conseguirá la ley lo que no logró aquel acuerdo? Eso dependerá del acierto en la forma de comprometer a quienes, sin ser autores de faltas o delitos, sí pueden evitarlos o disuadir de su comisión con recursos que no son propios de la policía ni de los jueces.