Las medidas judiciales emprendidas en Bolivia contra Repsol YPF con la detención -acusados de contrabando de petroleo- y posterior puesta en libertad de dos de los principales ejecutivos de la compañía en el país andino y la investigación abierta esta semana por evasión de impuestos han acentuado los temores de los inversores extranjeros con intereses en el país surgidos ya tras la victoria electoral de Evo Morales.

Aunque el nuevo Gobierno, con su presidente a la cabeza, ha asegurado que el caso de Repsol dependía del Poder Judicial, sus declaraciones no dejaban lugar a dudas de que los tiempos de bonanza han cambiado para las multinacionales. «Las que respeten el estado serán bienvenidas, pero las cometan irregularidades o no tributan tienen que ser castigadas», dijo.

La Fiscalía busca «una fuerte espectacularidad pública», dijeron en Andina -la filial boliviana de Repsol- cuando la policía irrumpió en su sede de Santa Cruz, pero, lo cierto es que el español Julio Gavito, presidente de la compañía, y el argentino Pedro Sánchez, director de operaciones, no pueden abandonar el país y deberán presentarse todos los meses ante la Fiscalía.

Privatizadas

La llegada al poder de Morales ya vino precedida de sus discursos a favor de que el Estado retomará la el control de las empresas privatizadas a mediados de los noventa y que dieron origen al nacimiento, entre otras, de Andina. Así, en 1996 surgieron tres petroleras -Andina, Chaco y Transredes-; tres eléctricas, Valle Hermoso, Corani y Guaracachi; las ferroviarias Andina y Oriental, y Entel de telecomunicaciones y LAB de transporte aéreo. El ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, resumió el procedimiento: «Quisiéramos comprar, pero si no quieren vender vamos a tomar decisiones de otra naturaleza para que el Estado boliviano ejercite su derecho de propiedad en el 51%».

Con respecto a los hidrocarburos, el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales, promovió durante años bloqueos y paros que derrocaron a varios presidentes y reclamó la nacionalización de los recursos naturales del país. Ya en el poder, ha tratado de calmar a los mercados indicando que ejercerán el derecho de propiedad del Estado. «Esto no significa expropiar ni confiscar bienes de las transnacionales», ha asegurado. Sin embargo, los sectores más radicales de sus seguidores le dieron un plazo de tres meses, que vence a finales de abril, para cumplir lo prometido.

Recursos naturales

Entre tanto, no parece que las petroleras, que han invertido millones de euros y han recibido sustanciosos beneficios hasta marzo del año pasado -cuando se aprobó un impuesto del 32 % que se sumó al 18 % de regalías por la explotación de los recursos naturales- se vayan a retirar fácilmente del negocio.

Bolivia es un país rico en recursos naturales pese a que la pobreza afecta a siete de cada diez de los 8,5 millones de habitantes, y, según su Ministerio de Hidrocarburos, produce 40.000 barriles diarios, cifra irrisoria si se compara con su generación de gas, recurso del que posee la segunda reserva de América Latina, después de Venezuela. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que el volumen de producción apenas es de 7.200 millones de metros cúbicos, casi un tercio de lo que genera Argentina, que cuenta con la tercera reserva de gas de la región. Para el crecimiento de la productividad es necesarias la presencia extranjera. Pero si unos se van, otros podrían llegar. Por ejemplo, los chinos ya manifestaron en el pasado interés por entrar en el negocio.