La compañía Andina, filial de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, advirtió ayer de que, si es necesario, acudirá a los tribunales internacionales para defender la inocencia de sus ejecutivos, detenidos y liberados el miércoles por un supuesto contrabando de petróleo. La empresa calificó de «irregular, injustificado y contrario a derecho» el traslado de sus directivos a una comisaría, realizado en «una flagrante violación del debido proceso», agrega.

El español Julio Gavito, presidente de Andina, y el argentino Pedro Sánchez, director de operaciones, permanecieron arrestados durante doce horas en las dependencias de la Policía Técnica Judicial de la ciudad oriental de Santa Cruz, antes de que un juez los dejará en libertad condicional. Los ejecutivos de la firma se comprometieron a pagar una fianza de 40.000 euros y a presentarse una vez al mes ante los fiscales que llevan el caso.

Su detención se produjo en plena madrugada, seis horas después de que se presentarán de forma voluntaria a declarar en la noche del martes por su responsabilidad en la supuesta venta irregular de petróleo por valor 7,7 millones de euros, entre junio de 2004 y julio de 2005. La aparición de Gavito y Sánchez cogió por sorpresa a la opinión pública, ya que los dos directivos se encontraban en paradero desconocido desde la semana pasada, cuando la fiscalía y la policía irrumpieron en la empresa para detenerlos y no los encontró.

Delitos

En un comunicado, Andina criticó la aprehensión de sus directivos porque se produjo sin que hubieran «sido imputados de delito alguno» y consideró que el cometido de esta medida fue «buscar una fuerte espectacularidad pública». Además, reiteró su inocencia porque, «al no haberse omitido el pago de tributos», no hubo contrabando.

En el apartado en que hace referencia a los recursos legales que puede asumir la firma para defender a sus empleados, aclaró, no obstante, que «tiene la firme voluntad de continuar operando en Bolivia para contribuir con el país y con su comunidad».

El Gobierno boliviano, sin embargo, ignoró ayer este gestión de buena voluntad. Se presidente, Evo Morales, reiteró que no subordinará la ley a las inversiones extranjeras. «Las sociedades que respeten al Estado nacional serán bienvenidas, pero las que cometen irregularidades o no tributen deben ser castigadas», afirmó. Esta advertencia contrasta con el mensaje de calma que ayer envió el ministro español de Asuntos Exteriores, Migue Ángel Moratinos, quien aseguró que tiene el compromiso de Morales de encontrar, «entre todos», una solución «definitiva y satisfactoria» a la actual situación.

Debido a esta incertidumbre, los exportadores españoles consideran que Bolivia es el país con peores condiciones para la inversión, según el índice global de valoración de la inversión española en el exterior, elaborado por el Club de Exportadores e Inversores e Iberglobal.