En una rueda de prensa ofrecida en Vitoria, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo; el presidente de Eudel, Karmelo Sáinz de la Maza; y los representantes de Asuntos Sociales de las tres diputaciones vascas han leído una declaración conjunta sobre este proyecto y han mostrado su compromiso para desarrollar los servicios sociales en esta comunidad.

Según ha indicado Madrazo, el anteproyecto "invade un ámbito material que es de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos, refiriéndose, en la manera en que lo hace, a los servicios sociales".

Además, en el mismo "se pretenda excluir a Euskadi de la partida de 200 millones de euros que se ha presupuestado para 2006 de cara a comenzar a poner en marcha el denominado Sistema Nacional de Dependencia", ha informado el consejero, quien ha añadido que, respecto a la financiación, el anteproyecto "prevé la participación de las personas destinatarias de las prestaciones y servicios en su financiación" pero "es sumamente impreciso al respecto".

El representante del Ejecutivo vasco ha matizado que "no queda suficientemente establecida y garantizada la aplicación de principios y criterios de equidad, progresividad y no exclusión que deben aplicarse en un sistema que se pretende universal y basado en el reconocimiento de derechos".

Para Madrazo, el texto elaborado por el Gobierno central tampoco ofrece "una respuesta global o integral a las personas en situación de dependencia (50.000 en Euskadi), y a la dependencia como fenómeno", sino, básicamente, "el intento de desarrollar uno de los sistemas públicos comprometidos en tal respuesta, el de los servicios sociales".

"Poco o nada se dice de las respuestas a la dependencia que se dan desde los servicios sanitarios, los sistemas de pensiones y, en última instancia, desde la actuación integrada del conjunto del entramado o sistema de bienestar o protección social", ha advertido el consejero.

Asimismo, ha dicho que partiendo de la hipótesis de que el Estado se propusiera crear un sistema de atención a la dependencia, "en muchos momentos las afirmaciones del anteproyecto inducen a pensar que no existen los sistemas de servicios sociales de las comunidades autónomas y, en nuestro caso, el sistema público de servicios sociales de Euskadi".

"Ambiguo e insuficiente"

"El anteproyecto es ambiguo e insuficiente en lo que podría ser, en todo caso, su contenido principal y, sin embargo, se muestra prolijo e invade, claramente, competencias autonómicas en aspectos conceptuales, metodológicos, organizativos y procedimentales, con contenidos, por lo demás, discutibles en muchos aspectos tales como determinadas exclusiones en el colectivo de personas destinatarias o la configuración de la cartera de prestaciones y servicios", añadió. Preguntado por qué colectivos estarían excluidos dijo que los menores de 3 años y los extranjeros.

Por otro lado, ha añadido, "el texto es confuso en lo que tiene que ver con las aportaciones de las diferentes administraciones y la manera de fijarlas y llevarlas a cabo". En este sentido, consideró "inaceptable" que "unos servicios de esta envergadura e importancia se financien a través de convenios anuales entre la Administración General del Estado y las autonómicas" y, en el caso del País Vasco, entienden que "lo lógico sería considerar, a la hora de calcular el Cupo, los servicios que están asumiendo las Administraciones Públicas vascas".

A pesar de todo esto, el consejero manifestó que "en ningún caso debe considerarse esta posición como contraria a la igualdad" o como "resistente a la configuración de nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la intervención en relación con la dependencia", y aseguró que comparten "un amplio consenso en cuanto a la necesidad de que los ciudadanas avancen en el ejercicio de derechos subjetivos en materia de servicios sociales".

"Hemos de impulsar que los derechos se vayan extendiendo, ampliando y ejerciendo en ámbitos territoriales cada vez más amplios. Por ello las Administraciones Públicas vascas no se niegan a buscar fórmulas para una regulación de ámbito estatal que afecte a los servicios sociales para las personas en situación de dependencia y contribuyan a su impulso y fortalecimiento", anunció, no sin antes matizar que "se ha de buscar una fórmula respetuosa con la legalidad y más coherente y sostenible que la que plantea el anteproyecto actual".

Reunión con el Gobierno central

Tras anunciar que las Administraciones Públicas vascas se reunirán la próxima semana con la secretaria de Estado, Amparo Valcárcel, para transmitirle su postura ante el anteproyecto, Madrazo mostró su deseo de que "el Estado rectifique", ya que ha elaborado un texto "de espaldas a las comunidades autónomas".

Por último, los representantes institucionales mostraron su compromiso para desarrollar los servicios sociales en Euskadi, apostando por una ley que "garantice unos derechos básicos de las personas dependientes, con escrupuloso respeto de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de asistencia social".

Asimismo, han anunciado su deseo de "colaborar activamente con la Administración General del Estado en el debate, elaboración e implementación de dicha ley" y abogaron por "intensificar y compartir el trabajo que permita aprobar en el Parlamento vasco en la presente legislatura una nueva Ley de Servicios Sociales" que suponga un "desarrollo avanzado y una modernización eficaz" de la respuesta integral que desde esta comunidad se da a la sociedad vasca.