El Defensor del Pueblo ha solicitado a las administraciones cántabras que le remitan de forma urgente toda la documentación relativa a los derribos de viviendas en la costa. Según ha denunciado la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el organismo ha «requerido esa información urgentemente y por segunda vez».

«Es difícil entender que unos informes que esa oficina ya pidió en septiembre de 2005 no se le hayan facilitado aún», criticaron los afectados, en su mayoría familias vizcaínas. AMA acudió el año pasado a la institución, presidida por Enrique Múgica, en busca de respuestas a la grave situación en la que les dejaron las 17 sentencias que obligaban a echar abajo sus casas.

El grupo, que el pasado febrero se reunió con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, reclamó tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos implicados «la mayor celeridad en la resolución de todos los trámites administrativos». De ellos depende «que se solucione la situación que padecen más de 2.000 personas», advirtieron.