El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha propuesto hoy en el Congreso de los Diputados que todos los vehículos, incluidos los automóviles, lleven incorporados limitadores de velocidad, ya que superar los límites de velocidad establecidos para cada vía supone un factor de riesgo para la seguridad vial.

Múgica señaló en su comparecencia en la Comisión no Permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico que "el uso de dispositivos limitadores de velocidad debería extenderse a todos los vehículos a motor, automóviles incluidos", ya que "a nadie se le oculta que el factor velocidad es un factor determinante, tanto en la producción de accidentes, como de la gravedad de los mismos".

En la actualidad los limitadores de velocidad se incluyen en camiones y en autobuses, pero el Defensor del Pueblo considera que estos dispositivos pueden beneficiar a la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras si se incorporan a todos los vehículos. "Ello puede suponer, como contrapartida de la seguridad proporcionada, la cesión de algunas aparentes ventajas propias de los vehículos modernos, como las que proporcionan una mayor velocidad a los mismos; sin embargo, la primacía del derecho a la vida y a la integridad física debe considerarse prioritaria", afirmó Múgica.

La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y Carrió, indicó, por su parte, en su intervención en la Comisión, que "la ciudadanía no entiende cómo hay una limitación en las carreteras y cómo se venden coches que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora". Múgica argumentó que la incorporación de los limitadores de velocidad a vehículos pesados y autocares "ha contribuido, sin duda, a la reducción del número de accidentes mortales y a la atenuación de sus efectos en nuestras carreteras". "No se trata con estos dispositivos tanto de sancionar infracciones, sino de impedirlas en la medida de lo posible, lo que acentúa su carácter eminentemente preventivo", añadió.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo puso de manifiesto el "malestar" existente entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico por determinadas sentencias que consideran como simple falta algunos comportamientos imprudentes, e incluso la mercantilización de casos en los que las compañías de seguros indemnizan a víctimas o familiares, y se tipifican como falta.