El Gobierno español tiene un margen limitado de maniobra para frenar la contraopa lanzada por el gigante alemán E.on sobre Endesa si apela al ordenamiento comunitario para intentarlo.

Una de las posibles vías para bloquear la operación se centra en las denominadas 'cláusulas de reciprocidad' existentes en las normas comunitarias que regulan el sector. Esa opción aparecía contemplada en la Directiva 96/92/CE sobre el Mercado Eléctrico y servía para evitar que empresas de países con excesivas trabas a la entrada de firmas extranjeras se lanzaran a la compra de otras compañías desprotegidas tras el desarrollo de procesos de liberalización.

Dichas cláusulas quedaron abrogadas en la directiva de liberalización del sector de 2003 (artículo 29). En ella, sólo se hace una referencia expresa a la reciprocidad cuando los denominados 'clientes cualificados' se vean imposibilitados para reclamar suministro -de gas o de electricidad- en un determinado estado miembro.

Al margen de ese limitado procedimiento de actuación, los portavoces comunitarios de Mercado Interior y de la Competencia, Oliver Creewe y Jonathan Todd, respectivamente, coincidieron ayer en señalar que una hipotética apelación, por parte las autoridades españolas, a la 'acción de oro' que todavía rige en la empresa eléctrica estaría fuera de lugar.

Alternativa

Este mecanismo para vetar decisiones estratégicas en las grandes empresas públicas privatizadas -las ya inexistentes Argentaria y Tabacalera, Telefónica, Endesa, Repsol...-, introducido en su día por el Gobierno del PP, fue condenado en 2003 por la Justicia europea. Por ello, y tras varias advertencias al respecto, el Ejecutivo prepara actualmente un marco legislativo para sustituirlo.

La 'acción de oro' de Endesa está en vigor hasta junio de 2007; pero España es objeto de apremio por parte de Bruselas, que le abrió el pasado mayo un nuevo procedimiento de infracción por no haber implantado a tiempo las reformas legislativas necesarias para derogar el derecho de veto en estas empresas.

En cualquier caso, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha adelantado que no tiene intención de utilizar esa fórmula para torpedear la entrada de E.on en España.