Mal asunto que la Consejera de Cultura siga reiterando su empeño en esgrimir pobres razones y hasta pavanas huecas para justificar un escaso concepto de la transparencia democrática. Mal asunto, sí, porque desde una consejería de Cultura no se puede argumentar que el derecho de confidencialidad de los artistas prima sobre el deber político de informar sobre el destino de los presupuestos públicos.

Y mucho menos, claro, cuando esa confidencialidad se la pasan por el arco del triunfo un artista y un director de museo en Nueva York, dejando a la consejería de Cultura en situación de ridículo nuclear. Pero esto no es lo peor, ya que tan gran actuación política alcanza la proeza cuando encima se argumenta que no se informa de los precios porque los museos no son entidades públicas, lo cual es casi como llegar a la cumbre del 'porompompero'. En otras palabras, y según esta nueva elucubración a medio camino entre el derecho administrativo y el merecumbé, ahora resulta que los museos son privados aunque los construya o los mantenga la Administración y hasta pague las compras o designe a sus responsables.

Mal asunto, en fin, porque la racionalidad y la inteligencia deberían imponer tanto razones de más peso en el Parlamento, como una cierta lógica en favor de la fiscalización de las cuentas públicas.