El PSOE lanzó ayer un mensaje contundente a Esquerra Republicana de Catalunya: el barco estatutario está listo para partir y lo hará con o sin su participación. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó claro que ya no moverá más fichas para lograr la adhesión de los republicanos al acuerdo. A pesar de que sigue considerando «mejor» que los independentistas «estén» en el pacto, aseguró que «el debate no da más de sí».

La reacción de los socialistas cogió de sorpresa a los dirigentes de ERC. Tras la multitudinaria manifestación de Barcelona, en la que miles de personas clamaron por el «derecho a decidir de la nación catalana», esperaban un gesto por parte del Gobierno. Sobre todo, después de que el propio José Luis Rodríguez Zapatero llamara a Joan Puigcercós y se mostrara interesado por sus demandas. El dirigente republicano insistió en que la financiación «se ha cerrado en falso» y -según su propio testimonio- trasladó al jefe del Ejecutivo la «sensación» de que Cataluña se quedó atrás durante la Transición por su ansia de ser «leal» y consolidar la democracia en España, mientras el País Vasco sacó réditos de su conflicto. A su juicio, los catalanes no entenderían que eso volviera a suceder. Por eso reclamó algún tipo de compromiso para igualar en el futuro la situación de Cataluña a la de esa comunidad autónoma, tanto en financiación como en reconocimiento identitario.

Lo que Puigcercós no dejó claro es cómo se concretaría ese compromiso. Algunos entendieron que sería una cláusula similar a la recogida en el estatuto valenciano (la llamada 'cláusula Camps') en la que la comunidad se reserva el derecho de asumir en adelante las competencias alcanzadas por otras autonomías en próximas reformas estatutarias. En cualquier caso, Pérez Rubalcaba avanzó que no es partidario de «cláusulas equiparativas» que, entre otras cosas, dijo, son contrarias a la Constitución. Recordó así que la Carta Magna reconoce los hechos diferenciales y propugna un modelo de Estado que atiende a las características específicas de cada comunidad, aunque en la práctica se ha tendido a la igualación. «La época de las fotocopias -avisó- se ha acabado».

Los propios republicanos son conscientes de que su demanda tiene difícil cumplimiento y se sienten cada vez más abocados a votar en contra del proyecto estatutario que aprueben las Cortes. Aún así, pretenden seguir dando ciertas batallas que les permitan modular su postura una vez se convoque el referéndum. Ayer, Puigcercós dio un paso más allá en su estrategia y denunció que los trabajos de la ponencia cada día «recortan» más el Estatut. Una crítica que le consolida en una posición beligerante de cara a su electorado.

Competencias

Tampoco CiU quiere quedarse atrás e intenta poner el acento en que en ningún caso ha entregado un cheque en blanco a los socialistas en la negociación de la ponencia estatutaria. Ayer, Artur Mas recordó a Zapatero que la federación nacionalista tiene las «manos libres» para votar lo que les convenga en los artículos del Estatut que no ha pactado con el PSOE, como los referidos a las competencias de la Generalitat y el nuevo sistema de financiación, que se abordarán en los próximos días en el Congreso.

Mas afirmó que los nacionalistas «no están ligados por aquello que no han acordado» y recordó que los socialistas han perdido votaciones en las últimas sesiones de la ponencia «porque CiU se las ha hecho perder».