El departamento vasco de Vivienda y el PSE-EE han alcanzado hoy un acuerdo que garantizará la ratificación de la Ley del Suelo en la Cámara vasca, "una herramienta clave para poder frenar la especulación y posibilitar la construcción de vivienda protegida, en propiedad y alquiler", según informó la consejería dirigida por Javier Madrazo, que calificó de "muy positivo" el acuerdo.

La futura normativa impone a las personas propietarias de suelo construir viviendas de protección pública en base a determinados parámetros. Así, en cada sector de suelo urbanizable, es decir, las áreas de nueva expansión de pueblos y ciudades, el 75% será vivienda protegida y sólo el 25% será vivienda libre.

La vivienda protegida se distribuye de la siguiente forma: el 55% serán viviendas de protección oficial de régimen general (las actuales VPO) y régimen especial (las denominadas viviendas sociales), de regulación autonómica. El Gobierno vasco entrega habitualmente las viviendas sociales en régimen de alquiler.

El 20% serán viviendas de protección oficial de régimen tasado, de regulación autonómica. Estas tendrán un precio máximo resultado de multiplicar el precio de la VPO por 1,45, calificación permanente y derecho de tanteo y retracto. De este 20%, los ayuntamientos pueden decidir destinar la mitad a viviendas tasadas municipales, de regulación municipal. En este caso tendrán un precio máximo resultado de multiplicar el precio de la VPO por 1,70. Su calificación también será permanente y se reserva el derecho de tanteo y retracto.

Vivienda protegida

Respecto a la vivienda protegida, el 20% serán pisos de protección oficial de régimen general (las actuales VPO) y régimen especial (las denominadas viviendas sociales), de regulación autonómica. El 10% restante serán viviendas de protección oficial de régimen tasado, de regulación autonómica. Tendrán un precio máximo resultado de multiplicar el precio de la VPO por 1,45, calificación permanente y derecho de tanteo y retracto.

Los ingresos brutos establecidos para poder optar en propiedad a una VPO son los actuales: entre 9.000 y 33.100 euros; para poder optar a una VPO-RT se establece un tope máximo de 43.000 euros: en el tercer caso, VTM, están pendientes de concretarse en la correspondiente disposición municipal. El alquiler de una vivienda social se sitúa en una media mensual de 180-200 euros para ingresos brutos entre 3.000 y 21.100 euros.

La obligación de las nuevas reservas será de aplicación inmediata a los planes generales que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la Ley, y a los sectores en los que se propongan modificaciones del plan general en vigor.

Asimismo, serán de aplicación inmediata a planes generales y planes parciales en los municipios entre 3.000 y 7.000 habitantes, que hasta ahora no tenían obligación, y para los que teniendo más de 7.000 habitantes no hubieran actualizado su planeamiento a la ley de medidas urgentes de 2004. En el resto de planes parciales (los que desarrollen planes generales adaptados a la ley de 1994), se establece un plazo de 2 años, potestativo para los ayuntamientos, para que las nuevas reservas sean de obligado cumplimiento.

Adjudicación de obras

Otra condición es de adjudicación de obras por concurso por el que las personas propietarias, constituidas en junta de concertación, deberán adjudicar las obras de urbanización con los procedimientos de las adjudicaciones públicas. Además, a los dos años de no aplicación de los sistemas de Agente Urbanizador o Concertación el Ayuntamiento deberá pasar a utilizar el de Cooperación o el de expropiación.

El reciente acuerdo garantiza la potestad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para aprobar los respectivos planes generales, competencia que ahora detentan las Diputaciones Forales. Además, los Consistorios de más de 3.000 habitantes podrán ratificar sus planes parciales, lo que significa reconocer su capacidad técnica para definir sus propios planteamientos.

El consenso suscrito supone un "reforzamiento" de las funciones de la Comisión de Ordenación del Territorio, dependiente del Gobierno vasco, en la que participan también las Diputaciones. En este órgano se validarán todas las cuestiones sectoriales de los planes generales y se emitirán informes vinculantes sobre las mismas.