La Fiscalía cree que es imposible conseguir que los etarras condenados por crímenes anteriores a 1996 cumplan de forma íntegra sus penas hasta el máximo legal de 30 años, sin que para ello influya el número de asesinatos que hayan cometido o la repugnancia social que causen sus crímenes. Los fiscales que actúan ante el Tribunal Supremo sostienen que tanto la ley como la jurisprudencia impiden que los terroristas condenados en virtud del antiguo Código Penal de 1973 permanezcan encarcelados de forma efectiva el tiempo máximo que pueden estar en prisión.