La pretendida cafetería de diseño del paseo de José Erbina, el edificio que remata la calle Fueros junto a las vías del ferrocarril, puede tener los días contados tras seis años de litigios judiciales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ordenó el derribo de parte de esta instalación en el año 2003, ha dado un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Vitoria para que ejecute la sentencia y proceda a su demolición.

El recordatorio se ha producido a lo largo de la semana pasada, después de que el Tribunal Supremo haya puesto punto final al proceso judicial seguido por los vecinos para conseguir el derribo de un edificio en desuso desde su propia construcción y que resta soleamiento y vistas a sus viviendas. El Alto Tribunal ni siquiera admitió a trámite el recurso municipal y en un auto datado el pasado mes de octubre ordenó la ejecución de la sentencia dictada en 2003 por el órgano vasco. En esencia, los residentes ganaron el caso porque el edificio invade en 80 centímetros la zona que rodea a las vías -propiedad de Renfe- donde está prohibida la edificación de infraestructuras no relacionadas con el propio tránsito ferroviario. La sentencia obliga a demoler el espacio comprendido por esos 80 centímetros -el muro trasero-, aunque los técnicos municipales ya han adelantado que ello obligará a tirar el conjunto del edificio.

Reordenar la zona

El Consistorio debe comenzar las tareas «antes de finales de marzo», según los abogados de los residentes. Pero hasta ahora, el Ayuntamiento se ha mostrado reacio a acometer la demolición.

El alcalde, Alfonso Alonso, ha manifestado su intención de solicitar a los tribunales una moratoria en la ejecución de la sentencia. «Queremos esperar un poco, a ver si podemos tomar una decisión en el marco del plan que tenemos que acometer para reordenar toda esa zona» al hilo de la desaparición de la línea férrea, el gran proyecto que quiere impulsar la ciudad en los próximos años. «También tenemos que estudiar qué ocurrirá con la actual estación», puso como ejemplo el alcalde. No obstante, si el Consistorio demanda este aplazamiento, los vecinos se plantearán exigir la «ejecución inmediata» del fallo.

El concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, ha planteado incluso dar uso al inmueble como sede de la futura sociedad pública que gestionará el soterramiento. Pero se desconoce si será posible. «Aún no se ha hablado con los arquitectos que lo diseñaron», aseguraron fuentes de este área.