El departamento de Drogodependencias tiene listo ya el informe que encargó al equipo de juristas del Gobierno vasco para dilucidar a quién corresponde la tarea de controlar el cumplimiento de la ley antitabaco. Este estudio no es vinculante, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que la decisión final, que deberá tomarse entre todas las partes implicadas, estará «muy ajustada» a lo que en él han señalado los expertos, es decir, que se ha de repartir esta tarea entre los departamentos de Sanidad, Trabajo, Industria, Interior, Vivienda y Asuntos Sociales -Drogodependencias- y los Ayuntamientos, que son competentes para controlar y sancionar.

La ley se está cumpliendo con normalidad en el País Vasco, con excepciones como los frontones, las discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno. Pero lo cierto es que, un mes después de su entrada en vigor, todavía no hay ninguna autoridad que se ocupe de vigilar posibles infracciones. Drogodependencias aprovecha precisamente esta fecha para anunciar hoy los resultados de ese informe que trata de acabar con el descontrol existente hasta el momento.

Según las mismas fuentes, la Policía local y la Ertzaintza estarían en disposición de recoger las denuncias de particulares por violaciones de esta ley, al igual que hacen ahora con incumplimientos de otras normativas, como exceso de ruidos, vulneración de horarios, escándalo público o infracciones de tráfico. De todos modos, hasta el último de los detalles deberá negociarse en una «mesa interdepartamental, aún sin fecha fija», que se ajustará a este informe.

La propuesta de diversificar el control de esta ley entre diferentes instituciones es una de las opciones que manejan las comunidades autónomas, aunque también existe la posibilidad de aglutinar las labores de supervisión en un solo órgano. Éste es el caso de Cataluña, Madrid y Cantabria, donde es la consejería de Salud la encargada de esta función.

En Cataluña, este departamento ha realizado ya 169 inspecciones, la mayoría en lugares donde se detectaron más infracciones: supermercados, estaciones de servicio y pastelerías con degustación, según informó Antoni Plasència, director de Salut Pública de la Generalitat. Añadió que no ha habido multas de momento, pero que a partir de ahora empezarán a abrir expedientes sancionadores. Salut se ocupa también de los carteles de los bares que deben informar sobre si se puede o no fumar, y anuncia que, aunque este aspecto se cumple «en el 95% de los casos», está elaborando un decreto para ello. Además, dará un año de plazo a los empresarios hosteleros para ver si hay oferta suficiente de locales sin humos. De lo contrario, no descarta imponer la prohibición en todos.

La comunidad de Madrid está elaborando un decreto de desarrollo de la ley, aunque fuentes de su Ejecutivo autonómico aseguran que será Sanidad la responsable. Aún no saben si se hará cargo alguna de las secciones actuales de este departamento o si se creará «un órgano para ello». Cantabria también está elaborando un borrador, aunque fuentes gubernamentales informan de que también apuestan por delegar toda la tarea en el departamento de Sanidad.

«Sin desastres»

En La Rioja trabajan en su propio decreto, que podría estar listo en cuatro meses, y aún no saben qué línea adoptarán. En un principio, y según el Comisionado Regional para la Droga, su deseo sería repartir las competencias, pero no saben si esto será posible. Hasta el momento, han recibido 6 escritos y 15 llamadas de quejas, «sobre todo de gente que no encuentra bares sin humo y por competencia desleal entre comercios que habían dicho que no iban a dejar fumar y al final lo están permitiendo. Estamos intentando fomentar acuerdos internos del sector, como los hosteleros de bodas y banquetes, que han decidido prohibirlo».

Con un mes de existencia, la ley antitabaco sigue de actualidad. El Ministerio de Economía y Hacienda anunció ayer que devolverá las tasas que aquellos establecimientos distintos a los estancos pagaron para poder vender tabaco, una cantidad que asciende a 3 millones de euros. El Partido Popular, por su parte, culpa al Gobierno de la «guerra de precios» emprendida por las tabaqueras tras la subida fiscal, debido a que el Ejecutivo ha utilizado «criterios recaudatorios y no sanitarios». En el otro lado, la portavoz socialista en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Isabel Pozuelo, hacía ayer un «balance positivo»: «No ha ocurrido ningún desastre» como auguraba la industria tabaquera, «que ha actuado de forma muy agresiva desde el principio».