Las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Tabaquismo en lo que respecta al descenso del consumo están resultando claramente positivas, pero se constatan algunas disfunciones en la dimensión económica de la nueva norma. La jornada de protesta organizada ayer por la Confederación de Vendedores de Prensa -no secundada por los quiosqueros vascos, pese a que comparten sus reivindicaciones- hay que entenderla en el peculiar contexto de los desajustes entre la regulación de un mercado del tabaco controlado desde el Ministerio de Hacienda y una ley cuya finalidad, no se olvide, es combatir el consumo de una sustancia legal pero nociva para la salud. Por esto último, la norma que entró en vigor el primero de enero ha sido elaborada por el Ministerio de Sanidad, pero incluyendo preceptos restrictivos en los canales comerciales que convierten a ese departamento en destinatario de protestas como las de los quiosqueros. Si, a la luz de lo que ocurre en centros de trabajo públicos y privados, los fumadores cumplen ordenadamente las restricciones legales, incluso con datos muy esperanzadores sobre abandonos voluntarios de ese hábito, todos podremos celebrar una ley que está sirviendo a la salud pública en un clima de respeto y naturalidad. Esta situación debería ser argumento suficiente para que no sólo Sanidad sino los organismos administrativos implicados estudiaran reclamaciones como las de la Confederación Española de Vendedores de Prensa frente a prácticas intervencionistas.

Los quioscos han vendido tabaco hasta la fecha por autorizaciones administrativas que ahora se les han retirado. La restricción de la comercialización ha terminado rompiendo la cuerda por el lado más débil, el de unos puntos de venta ahora abocados a un 40% de pérdidas. Una vez actualizadas y modernizadas las reglas del juego en cuanto al consumo, que es lo más relevante, no estaría de más actualizar y adecuar las de un mercado con rémoras del antiguo monopolio estatal.