El diseño curricular de la enseñanza obligatoria pertenece al núcleo educativo sobre el que los poderes públicos ejercen una responsabilidad inalienable. Su definición no puede, en consecuencia, dejarse en manos de terceros por ningún tipo de delegación o subcontratación. La enseñanza, aunque pueda gestionarse bien directamente, por la escuela pública, bien de manera concertada, por entidades privadas, es un servicio público esencial que, en su fase obligatoria, tiene un carácter universal e igualitario, por lo que los contenidos que en ella se impartan han de ser establecidos por las instituciones públicas como garantía de que tal carácter va a quedar plenamente preservado.

Por ello mismo, el que la Confederación de Ikastolas de Euskal Herria haya liderado el diseño curricular de la enseñanza obligatoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, bajo los auspicios y la financiación del Departamento de Educación, resulta, a la vez, sorprendente y preocupante. Tal proceder responde, más que al interés general de la comunidad educativa, a la abusiva propensión que desde siempre ha mostrado la citada Confederación a erigirse en la auténtica 'escuela nacional vasca'.

No resulta, por lo tanto, extraño que partidos políticos y sindicatos se hayan apresurado a expresar su rechazo a tan irregular método de trabajo y a demandar explicaciones en el Parlamento al nuevo consejero de Educación. Sería del todo conveniente que éste atendiera su solicitud y declarara cuanto antes su disposición a convocar a todos los agentes afectados por el sistema educativo a participar en una tarea tan fundamental como la que ahora está en cuestión. El diseño de los contenidos de la enseñanza obligatoria no puede presentarse como un texto cerrado que se somete a una especie de contrato de adhesión, sino que ha de ser el producto de un proceso compartido de reflexión que conduzca al consenso más amplio posible entre todos aquellos que van a verse concernidos por él. La rectificación de los errores cometidos en el pasado y, más en concreto, de éste que procede de la anterior legislatura sería una de las pruebas más convincentes de que se ha instaurado de verdad ese tiempo nuevo al que con tanta frecuencia como complacencia gusta de referirse nuestro Gobierno.