El Ejecutivo vasco, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado 10 de enero, aprobó el Plan de Previsión Social Complementaria de Euskadi que tiene previsto poner en marcha en los próximos meses. Desde el momento en el que el Consejero Azkarraga presentó públicamente el proyecto, se ha levando un gran revuelto informativo que viene a confirmar el interés social que despierta la cuestión de las pensiones.

Desde el mundo sindical, político y empresarial, el plan ha recibido numerosas críticas no exentas de declaraciones estridentes y, en muchos casos, acompañadas de una buena dosis de demagogia. Se han dicho cosas como que las bases del plan «apuntalan la política neoliberal del recorte de pensiones» o que «se cuestiona el sistema público de pensiones» y, en el caso de Confebask, que tendrá una negativa repercusión sobre el empleo y la competitividad de las empresas. CC OO, desde una inequívoca apuesta por el sistema público de pensiones, hemos manifestado que el plan tiene puntos débiles y puntos fuertes, y hemos señalado entre los primeros la falta de un acuerdo amplio con los que vamos a ser los protagonistas de la extensión o no de los sistemas de previsión social complementaria y que somos los sindicatos y los empresarios en el ámbito de la negociación colectiva. Esta falta de acuerdo es producto de la ausencia en Euskadi de un diálogo social al uso, es decir, a través de una mesa tripartita con presencia de todos los sindicatos, la patronal y el Gobierno, como única forma de poder alcanzar acuerdos de alcance estratégico como el que nos ocupa. Pero el plan tiene también aspectos positivos como son el objetivo de extender la previsión complementaria a los trabajadores con rentas medias y bajas; el reconocimiento de que el sistema público de la Seguridad Social, en su modalidad de reparto y basado en la solidaridad intergeneracional debe seguir siendo la pieza básica de la protección social; la aceptación de que la PSC tiene el único y exclusivo objetivo de complementar las pensiones públicas, sin vocación sustitutiva alguna; el que el objetivo de la cobertura sea que los pensionistas de mañana perciban una tasa de sustitución en torno al 100% de su último salario en activo; el que dé protagonismo a la negociación colectiva desde el respeto a la autonomía de las partes; el carácter no obligatorio del plan, como no puede ser de otra forma ó el que la modalidad de percepción de las prestaciones sea en forma de renta.

Por cierto, todas estas cuestiones están contenidas en el dictamen elaborado por el Consejo de Relaciones Laborales sobre el citado plan, dictamen que fue aprobado con los votos favorables de CC OO, ELA, UGT y Confebask, que también estabamos de acuerdo en considerar adecuado que los poderes públicos desplieguen una labor de apoyo a la PSC, dotándole de un régimen jurídico adecuado y acorde a su finalidad (ver página web del Consejo). Falta ahora desarrollar la normativa sobre las ayudas, definir las medidas fiscales y aprobar una nueva Ley de EPSV. Es preciso recordar que, en materia fiscal, el tratamiento actual beneficia a las rentas altas y que el esfuerzo fiscal y las ayudas públicas a la puesta en marcha de las EPSV sólo se justifican por el hecho de que cumplan una función de interés social y no por ser un mero producto financiero.

Para centrar el debate hay que partir de una premisa: la actual estructura de la Seguridad Social pública deja un margen significativo para la promoción generalizada de la previsión social complementaria. En efecto, siendo las pensiones públicas la parte esencial de las rentas de sustitución de los trabajadores que dejan de ser activos, muchos de ellos se jubilan con una reducción de los porcentajes que se aplican a la base reguladora de su pensión. Unos porque anticipan la edad de jubilación, otros porque no han cotizado 35 años o porque tienen topada las bases de cotización y el resto porque, en la mejor de las situaciones, su pensión equivale aproximadamente a un 90% de su último salario en activo. En este contexto, es donde los agentes sociales nos tenemos que plantear si apostamos o no por la generalización de la previsión social complementaria en el ámbito de la negociación colectiva. Una decisión que es independiente de si hay plan del Gobierno o no, plan cuyo único objetivo es contribuir a su generalización, siempre que los sindicatos y la patronal nos pongamos de acuerdo en desarrollarlo.

Pero visto lo visto, me temo que va a ser que no. De un lado porque la patronal mantiene que sería negativo para el empleo y la competitividad. Y eso, aunque la experiencia de Guipúzcoa, donde la previsión social complementaria cubre a través de la EPSV Geroa a más del 60% de la población trabajadora, nos diga que la competitividad de las empresas de este territorio no está en peor situación que la de las de Álava y Vizcaya o que es meridianamente claro que el empleo está en mejores o parecidas condiciones que en los otros territorios. Y de otro lado, porque la negociación colectiva está en uno de los momentos más complicados de su historia, con alguna excepción, por la división sindical y por el inaceptable comportamiento de la patronal. Por eso, no parece justificable que traslademos nuestra propia responsabilidad a los poderes públicos. Aunque se hayan podido equivocar en el diseño, elaboración y aprobación del plan.