El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) urgirá la semana próxima al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo para que concluya la investigación sobre el 11-M en un plazo máximo de dos meses. La decisión, que podría adoptarse el martes próximo, persigue que la Audiencia Nacional cuente con el tiempo mínimo necesario para celebrar el juicio y dictar sentencia antes de que se cumplan cuatro años desde que se produjeron las primeras detenciones, el 13 de marzo de 2004. De lo contrario, el tribunal se vería obligado a excarcelar a parte de los presuntos autores de la voladura de los trenes, el atentado más grave ocurrido en Europa, que provocó la muerte de 191 personas y heridas a 2.000. La ley fija un período máximo de estancia en prisión preventiva, a la espera de juicio, de cuatro años.

La resolución del Poder Judicial será consecuencia del informe que el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, hizo llegar esta semana al CGPJ, a petición del propio Del Olmo, para que el órgano de gobierno de los jueces prorrogue la situación de dedicación exclusiva a la instrucción del sumario del 11-M de la que el magistrado disfruta desde hace dos años.

Dívar, «atendiendo al estado de la tramitación de la causa y a la situación de prisión de numerosas personas (35)», considera «ineludible» mantener la actual dedicación exclusiva solicitada por Del Olmo, pero recomienda al CGPJ que le imponga al juez unas condiciones taxativas: la dedicación exclusiva concluirá en abril, sin derecho a más prórrogas; deberá presentar un informe quincenal de sus progresos y en esos dos meses deberá haber concluido la investigación. Es decir, habrá concluido las diligencias e interrogatorios, procesado a los imputados -en la actualidad 116- contra los que considere que hay indicios de delito y resuelto los recursos que las defensas de los acusados puedan interponer contra el procesamiento.

Carlos Dívar justifica la dureza y urgencia de sus reclamaciones en «la enorme inquietud y preocupación» que genera a la Audiencia Nacional «la lentitud de la instrucción de la causa», en la que recuerda que, pese «al enorme esfuerzo del instructor», se han completado casi dos años de investigaciones, con 35 imputados encarcelados y no se ha dictado aún auto de procesamiento.

El presidente calcula que la Sala de lo Penal precisará de un mínimo de 17 meses para poder celebrar el juicio y dictar sentencia, por lo que entiende que hay «un serio riesgo» de que si la investigación no termina de inmediato se alcance el 13 de marzo de 2008 sin fallo, con lo que comenzarían las excarcelaciones de presuntos terroristas. Dívar dice en el informe que, en un cálculo «optimista», si Del Olmo cumple con lo exigido, la sentencia se podría dictar en enero de 2008, con sólo dos meses «de margen para imprevistos» antes del inicio de las excarcelaciones, «plazo poco razonable, atendida la complejidad y trascendencia del asunto».

Más peligros

El informe no lo señala, pero, aunque la Audiencia Nacional acelere todos los plazos y logre dictar sentencia antes del 13 de marzo de 2008, persiste el peligro, aunque menos alarmante, de que en los meses siguientes varios de los condenados salgan en libertad provisional. Se trata de la misma circunstancia legal que desde noviembre pasado ha obligado a la excarcelación de dos terroristas de la célula española de Al-Qaida, a los que se sumarán dos más el mes próximo.

Una vez que los condenados por el 11-M recurran la sentencia ante el Supremo, y mientras el Alto Tribunal no convierta en firme el fallo de la Audiencia, los terroristas no podrán permanecer encarcelados más de la mitad del tiempo a que hayan sido condenados. Dado que la instrucción y el juicio va a mantener a bastantes de ellos cuatro años en prisión preventiva, podrá abandonar la cárcel de forma inmediata cualquiera que haya sido condenado a menos de ocho años y en un año los que recibiesen penas inferiores a diez años de prisión.