Las negociaciones entre la Diputación y los herederos de Juan Larrea empezaron en 2002. Un equipo del departamento de Cultura se desplazó a Aranda de Duero, donde Alejandro Finisterre tiene gran parte del archivo personal del poeta, y después emitió un informe técnico favorable a la compra, con una tasación de los fondos en 480.000 euros.

Los herederos no discutieron el precio. Pero se empezaron a alarmar porque desde la Diputación no les llamaban para nada. En 2003 se celebraron las elecciones y, con el cambio de personas en el departamento, se prolongó el silencio. Más tarde los representantes de la Diputación adujeron que no se compraba el legado «por falta de dinero», pero recularon y volvieron las negociaciones.

Según fuentes cercanas a Vicente Luy Larrea, en la Diputación confiaron en que la abogada madrileña Carmen Suárez podía servir de interlocutora. Sin embargo, las desautorización del nieto a la letrada y el desconocimiento que Finisterre tenía de ésta mostraron que esa era una vía muerta. Los fondos se quedan ahora en una situación oscura, en manos de Finisterre, que tiene una orden judicial para que los devuelva a Argentina.