El Sindicato de Funcionarios Públicos, Manos Limpias, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, a los que acusa de cometer un delito de desobediencia a la autoridad judicial al "consentir" el acto celebrado el pasado sábado en el exterior del BEC, en el que participó, "de forma activa", Batasuna.

Este colectivo también ha denunciado, en el mismo escrito, al portavoz de la formación ilegalizada, Arnaldo Otegi, "principal protagonista del acto prohibido por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska".

Manos Limpias recuerda que, el pasado 18 de enero, Grande-Marlaska, "con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, prohibió las actividades de Batasuna", entre ellas, el acto que esta formación tenía previsto celebrar el 21 de este mes. En este sentido, destaca que, pese al cese de actividad de Batasuna y a la prohibición del acto, éste se celebró en las puertas del recinto ferial "con participación activa y consentimiento por parte" de Balza y de Luesma.

"Cumplir las decisiones"

Por ello, asegura que se ha cometido "un ilícito penal" y precisa que éste consiste "en que un funcionario o autoridad" -en este caso, el consejero del Interior y el delegado del Gobierno- "no hace algo que se espera de él", como es "cumplir las decisiones u órdenes de la autoridad superior o una resolución judicial".

En su texto, Manos Limpias afirma que "la sociedad española, a la vista del auto de la Audiencia Nacional y de la actuación de la Fiscalía", al prohibir las actividades de Batasuna, "volvió a creer en el Estado de Derecho y en las instituciones". "Pero, desgraciadamente, tres días después de la resolución judicial, la burla al Estado de Derecho, a las resoluciones judiciales, se ha producido con la pasividad de Javier Balza y Paulino Luesma, y obviamente con la participación del dirigente máximo de Batasuna, Arnaldo Otegi", indica.

Manos Limpias pide, de esta forma, a la Fiscalía General del Estado que admita la denuncia y recuerda que "el ministerio fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, tutelados por la Ley, de oficio o a petición de los interesados".

"En su derecho"

La delegación del Gobierno en el País Vasco ha asegurado hoy, ante la denuncia presentada contra ella, que "respeta la decisión del sindicato, que como todo ciudadano tiene derecho a acudir a los tribunales", han informado fuentes de la delegación. Fuentes de la delegación del Gobierno han rehusado hacer más comentarios, y han señalado que será en el ámbito de los tribunales, si procede, en donde efectúen las manifestaciones oportunas".

Por su parte, el departamento vasco de Interior ha indicado que no tenía comentarios que hacer sobre la denuncia del sindicato.