El presidente del Gobierno entró ayer en el debate sobre la asamblea de Batasuna convocada para el próximo 21 de enero en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo. José Luis Rodríguez Zapatero no aclaró si es partidario o no de su celebración, pero sí quiso destacar que es conveniente compatibilizar la «restrictiva Ley de Partidos» con los derechos que consagra la Constitución, entre ellos, el de reunión. La cita del BEC ya ha sido rechazada, entre otros, por el PP y la AVT, y está en el aire después de que la Audiencia Nacional haya ordenado a las fuerzas de Seguridad que investiguen si la formación ilegalizada está preparando algún acto público.

Rodríguez Zapatero se había mantenido al margen de una polémica que crece a medida que se acerca el congreso en el que el partido de Arnaldo Otegi pretende ratificar su línea estratégica y su nueva mesa nacional. Un acto en el que se espera la participación de varios miles de personas. Sólo el pasado lunes, en un coloquio en Madrid, el jefe del Ejecutivo se refirió de pasada y de forma ambigua al asunto al afirmar que su Gabinete «cumplirá la ley en el ámbito de sus competencias».

Ayer, el presidente del Gobierno no fue mucho más explícito, pero sí recordó que, aunque Batasuna es una formación ilegalizada, la Constitución consagra el derecho de cualquier ciudadano a reunirse. Durante una conversación con periodistas en el Palacio Real con motivo de la recepción ofrecida por los Reyes al Cuerpo Diplomático acreditado en España, Rodríguez Zapatero consideró que existe una línea muy fina entre las limitaciones que establece la «muy restrictiva» Ley de Partidos, que tiene una «aplicación delicada», con los «derechos y libertades individuales», entre los que mencionó el de reunión.

Aun así, sostuvo que su Gobierno tendrá un «respeto absoluto» por las decisiones que adopten los jueces. En su opinión, no hay motivos para caer en el alarmismo, como tampoco lo hubo cuando EHAK se presentó a las elecciones. «Ahora lo podemos decir: no era lo que decían algunos, si no Batasuna estaría actuando en el Parlamento. ¿Alguien se acuerda ahora de aquello», inquirió el presidente.

Las palabras de Zapatero estuvieron en sintonía con las expresadas horas antes por la 'número dos' de su gabinete. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega fue, por un lado, tajante: «Batasuna es un partido ilegalizado; no tiene capacidad jurídica ni la posibilidad de hacer ningún tipo de convocatoria». Pero, al igual que Zapatero, matizó, en declaraciones a 'Antena 3', que el derecho de reunión recogido por la Constitución puede ser ejercido en «actuaciones individuales».

El propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido situó con claridad los términos en que se centra la decisión jurídica: «La ilegalización de Batasuna no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes, por lo que los ex militantes, en principio, conservan los derechos fundamentales de reunión y de manifestación, pero lo que no pueden es realizar actos orgánicos de partido, porque estos actos están prohibidos».

El representante del Ministerio Público, que el miércoles afirmó que su departamento no tenía una opinión formada sobre este asunto, cambió ayer de planteamiento y dio órdenes para actuar contra la asamblea política tanto a sus subordinados en la Audiencia Nacional como a los del Supremo y a los del Tribunal Superior del País Vasco.

Medida cautelar

Conde-Pumpido promovió este cambio un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sorprendiese a todos al dar el primer paso para prohibir la asamblea de Batasuna, para lo que encargó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que le informen con urgencia (por hoy) de si el partido suspendido por su juzgado desde 2002 ha quebrado la medida cautelar y ha reanudado de forma ilegal su actividad política.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, solicitó ayer a Grande-Marlaska que le traslade «de inmediato» los informes policiales para poder analizarlos con celeridad y solicitar las medidas que considere necesarias lo antes posible. Por su parte, Conde-Pumpido anticipó ayer que si los informes policiales demuestran que la asamblea es «un acto orgánico» (interno) de Batasuna pedirá al juez que tome las medidas precisas para prohibirlo.

El fiscal general, que pretende no dejar ningún cabo suelto en este asunto, aprovechará su participación hoy en unas jornadas legales celebradas en San Sebastián para reunirse con los máximos representantes de la Fiscalía en el País Vasco, con los que analizará la situación jurídica creada.