El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha dado el primer paso para impedir la celebración de la asamblea general de Batasuna, en la que la coalición ilegalizada pretende reunir el 21 de enero en el BEC de Barakaldo a varios miles de militantes para ratificar su nueva línea de actuación política y estratégica, así como sacar de la clandestinidad su proyecto de cara a las próximas elecciones locales.

El magistrado, por iniciativa propia (de oficio), ordenó el martes a la fuerzas de seguridad que le entreguen antes de mañana viernes un informe detallado en el que le expliquen si Batasuna, partido que tiene suspendidas sus actividades políticas por orden de su juzgado desde 2002, prepara actos públicos. Las diligencias de investigación, enmarcadas en el sumario penal abierto contra las direcciones históricas de Batasuna, han sido encargadas a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional y a la Brigada de Información de la Guardia Civil.

El objeto del encargo judicial es certificar el hecho de que el partido ilegalizado prepara un congreso político en los próximos días, informar de ello a la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -partes acusadoras en este sumario- para que remitan al juez sus alegaciones a los informes policiales, y tomar medidas antes del 21 de enero que impidan la posible vulneración legal de la suspensión de actividades.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que en los próximos días deberá dar al juez su opinión sobre los informes, declaró ayer a preguntas de los periodistas que la asamblea política que se dispone a realizar Batasuna «no me parece legal y no debe celebrarse», aunque, a reglón seguido, se curó en salud y afirmó que, por supuesto, el sentido final de su informe al juzgado será el que decida el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido dio una contestación más neutra: la Fiscalía aún no tiene formada una opinión sobre la reunión patrocinada por Batasuna.

La respuesta de la AVT al magistrado Grande Marlaska es mucho más previsible, sobre todo dado que su abogado presentó ayer una denuncia en la que insta a la Fiscalía para que actúe e impida el acto político de Barakaldo.

La segunda vía

Grande Marlaska, actual titular del Juzgado Central número 5, heredó hace un año de Baltasar Garzón, al que sustituye, el sumario judicial instruido contra las sucesivas direcciones de Batasuna por un delito de integración en ETA. El sumario, que ya está casi concluido, mantiene procesados a 41 líderes de la izquierda abertzale desde los años ochenta, entre ellos Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Joseba Álvarez o 'Josu Ternera', a los que acusa de haber sido elegidos por ETA para dirigir «el instrumento político-institucional» de la banda y su «frente de masas».

La actuación más sonada de esta instrucción judicial fue la suspensión de actividades de la coalición abertzale, decretada el 26 de agosto de 2002 por Baltasar Garzón, medida que todavía está vigente porque fue dictada por un período de cinco años. El magistrado se adelantó con esta medida al proceso de ilegalización de Batasuna impulsado por el Gobierno, que concluyó el 27 de marzo de 2003 con la sentencia del Tribunal Supremo, y además abrió una vía legal distinta e independiente a la de la Ley de Partidos, que ahora puede permitir a Grande Marlaska prohibir la reunión multitudinaria de Batasuna.

La suspensión de actividades acordada por Garzón en 2002 es una medida cautelar derivada de un procedimiento penal por presunta pertenencia a banda armada de los dirigentes de Batasuna, delito de competencia exclusiva de la Audiencia Nacional. La ilegalización del partido político acordada por el Supremo en 2003, por el contrario, tiene su base en la Ley de Partidos Políticos, cuya aplicación judicial sólo compete a la Sala Especial del alto tribunal.

Cambio de escenario

El procedimiento abierto por la decisión de Grande Marlaska ha roto la lógica política y judicial que rodeaba la celebración de la asamblea de Batasuna. Hasta ayer, toda la iniciativa -actuar o no contra esta reunión- se encontraba en manos del Gobierno, pues sólo la Fiscalía o la Abogacía del Estado podían instar oficialmente al Tribunal Supremo a que tomase cartas en el asunto para prohibir el acto político, en aplicación de la sentencia de ilegalización de Batasuna, que como dijo hace pocas semanas un auto del Tribunal Constitucional supone su «muerte política».

El Supremo, como dejó claro el martes su presidente, no puede actuar de oficio y sólo la Fiscalía y el Gobierno pueden instarle a que lo haga, pues fueron las únicas partes personadas en el proceso de ilegalización y las únicas que pueden proponer incidentes de ejecución de sentencia. Grande Marlaska, por el contrario, como juez instructor, es libre de tomar cualquier decisión dentro del sumario una vez que estudie los informes policiales, ya que incluso no tiene obligación de atender ni a las alegaciones de la Fiscalía ni a las de la AVT.