La exigencia de explicaciones a Madrid en una acusación de torturas por la Guardia Civil a etarras, realizada a finales de 2005 por un tribunal galo, ha creado las más fuertes tensiones entre las judicaturas española y francesa de los últimos tiempos. En una respuesta seca y desabrida, la Audiencia Nacional llegó a calificar la petición de «absolutamente impertinente» y a amenazar a Francia con aplicar los mismos planteamientos antes de atender sus demandas.

La historia de la crisis judicial larvada comienza el pasado 9 de diciembre cuando la Cámara de Instrucción de Pau (suroeste de Francia) decidió pedir a Madrid información complementaria sobre la euro-orden cursada en contra de Ekain Rodríguez Gotxikoa, reclamado por colaboración con banda armada. El tribunal francés pretendía saber si los cargos resultaban de acusaciones formuladas por Haritz Lasa Mendiaraz y Oihane Bakedano Maidagan, presuntos cómplices interrogados en España, y, «en caso afirmativo, decir si esas acusaciones han sido obtenidas bajo la tortura».

Sin disimular su indignación, el juez Ismael Moreno contestó que consideraba que la pregunta, tildada de «absolutamente impertinente», no había sido hecha «pues implica, ni más ni menos, imputar a la policía española la comisión de un delito de torturas y que el juez y el fiscal español toleran ese delito». El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, autor de la reclamación, recordaba que la normativa europea no exige exponer la motivación de una euro-orden.

«Si el Tribunal de Pau o cualquier otro tribunal francés o de cualquier otro país pregunta cuáles son los motivos por los que una persona ha sido inculpada y exige además la presentación de prueba a ese efecto, la orden de detención europea podría ser desnaturalizada y haber casos en los que, por aplicación del principio de reciprocidad, los países a los que Francia reclama la entrega de personas podrían aplicar igualmente exigencias en ese sentido», advertía el magistrado de la Audiencia Nacional. La ácida respuesta concluía con la afirmación de que para imputar a Rodríguez no había sido necesaria ninguna declaración «pues la inculpación está fundada sobre numerosos documentos intervenidos en el domicilio de Haritz Lasa».

Diligencias en España

En un fallo emitido este miércoles, el tribunal de Pau replica que su pregunta «no le parece impertinente» y recuerda que torturas y malos tratos se pueden producir «incluso en países considerados democráticos» como reflejan las condenas de la Corte Europea de Derechos Humanos a Francia y España por tales hechos. Además justifica su iniciativa por la existencia en la actualidad de diligencias judiciales en España relativas a las querellas presentadas por Lasa y Bakedano en juzgados de Madrid y San Sebastián, respectivamente.

No obstante, la corte francesa ordena la entrega de Rodríguez a la Audiencia Nacional porque la respuesta del juez Moreno «elimina» la existencia de torturas y basa la acusación en los documentos ocupados a Lasa, su presunto compañero en el 'comando Muxarra'. A este 'talde' se le atribuye la recogida de informaciones para los 'liberados' del 'comando Zelatun' bajo las instrucciones de Bakedano.

La decisión ha sido denunciada «con fuerza» por Askatasuna en un comunicado titulado 'Los jueces franceses han legitimado de nuevo la tortura. «Han seguido la misma línea que hasta ahora, tomando decisiones judiciales contra los ciudadanos vascos con desprecio a las leyes internacionales contra la tortura», opina la asociación de apoyo a los presos de ETA y organizaciones afines.