Confebask advirtió ayer de que el proyecto para el desarrollo de las EPSV de empleo -fondos de pensiones colectivos en las empresas y sectores industriales-, aprobado el martes por el Gobierno vasco, representa una «amenaza directa para el empleo» y podría afectar de forma negativa a la competitividad. La patronal basó esta conclusión en que las aportaciones que las compañías deberían realizar para complementar las pensiones de sus trabajadores, que tendrían que ser fijadas en la negociación de los convenios, añadiría un «importante sobrecoste» a la «carga» que ya soportan, fruto de «una de las cotizaciones más altas» a la Seguridad Social de los países con los que compiten.

La crítica expresada por la confederación empresarial se suma a las vertidas por los sindicatos y no es nueva. Es el mismo mensaje que lanzó la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo cometió su proyecto a la consulta de los agentes sociales y las instituciones sociolaborales. Confebask lamentó entonces -y ahora, dado que «no se han producido modificaciones sustanciales» respecto al borrador de hace más de un año- que la iniciativa parte de una «minusvaloración sistemática y no suficientemente justificada» de la viabilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población.

Pero lo que más ha molestado a la patronal en esta ocasión, por la novedad del hecho, es que un proyecto de este tipo, en el «en teoría» «se le reserva un papel protagonista», al igual que al resto de los agentes sociales, no se le haya dado a conocer antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Las centrales coincidieron el martes en ese reproche.

El programa pretende promover la expansión de las EPSV de empleo para que alcancen en ocho años al 70% de los trabajadores por medio de la negociación colectiva. En la actualidad, unos 322.000 asalariados están incluidos en estos planes -el 42% del total-, según datos de la Federación de EPSV de Euskadi y del Eustat.

Pese a que el consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, incidió en que su propuesta «no obliga a nadie», Confebask resaltó ayer la necesidad de que se respete la voluntad de las partes, «sin injerencias ajenas», y el carácter «estrictamente voluntario».

Fuentes empresariales apuntaron la dificultad que entraña negociar nuevas EPSV en las compañías y sectores cuando en los últimos años ha sido casi imposible lograr acuerdos en los convenios -el 40% de los asalariados vascos no ha cerrado aún sus condiciones laborales de 2005-. El momento actual de las relaciones sociolaborales -precisaron- no es el mejor para abordar este proyecto porque puede convertirse en nuevo elemento de «discordia». En 'auxilio' del Gobierno vasco salió ayer la Federación de EPSV de Euskadi, que indicó que, en general, las entidades asociadas están satisfechas con la iniciativa.

El Gobierno responde

El Departamento de Empleo respondió a las críticas de los agentes sociales, que han asegurado desconocer el contenido del proyecto y su proceso de gestación. Un portavoz precisó que se trata de un plan cuya discusión «ha durado casi la totalidad de la legislatura pasada» y ha estado presidida por la búsqueda del consenso. En defensa de su aseveración, recordó que el pasado 29 de diciembre la consejería comunicó a «todos» los agentes sociales que el citado plan se llevaría al Consejo de Gobierno en enero, y también que seguía trabajando en el decreto que regulará las ayudas económicas concretas -que verá la luz este primer trimestre-, con el compromiso de enviar el borrador al Consejo de Relaciones Laborales (CRL).

Como prueba del conocimiento de la iniciativa, las mismas fuentes remitieron al dictamen que este organismo hizo en 2004, que recoge la opinión de todos los agentes sociales. En el mismo, por ejemplo, ELA consideraba importante el desarrollo de un segundo pilar de protección social, apoyado en sistemas complementarios de empleo. Confebask, por su parte, criticaba, entre otras cuestiones, que la iniciativa presentaba un escenario a 50 años «que resulta irreal» y que «recoge los datos más pesimistas».