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Jueves, 12 de enero de 2006
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ECONOMÍA
FISCALIDAD
Castilla y León volverá a recurrir el nuevo Impuesto de Sociedades vasco, fijado en el 32,6%
Pide al Gobierno que imponga "sentatez y un criterio claro" en esta materia y critica a las diputaciones forales de mantener un "pulso sin sentido"
La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy que presentará sendos recursos contencioso administrativos contra las nuevas normas del Impuesto de Sociedades de las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, una vez que se publiquen, y solicitó al Gobierno que imponga "sensatez y un criterio claro" en esta materia.
La decisión de las diputaciones forales vascas de establecer en el 32,6% el tipo general del Impuesto de Sociedades correspondiente al 2005, frente al 35% vigente en el territorio común, fue analizado hoy en el Consejo de Gobierno de Castilla y León, en el que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció que impugnarán estas medidas una vez que se publiquen.
Así lo explico, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, quien criticó el "pulso sin sentido" de las diputaciones forales vascas al Gobierno, con una modificación del tipo que pretendieron en la anterior norma, que era del 32% y que calificó de "perversión de la utilización del sistema".
Similar al anterior
Ruiz recordó que es una medida sobre el Impuesto de Sociedades similar a la anterior de las diputaciones forales vascas que el Tribunal Supremo consideró "ilegal", después de que el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulara el intento de mantenerlo vigente.
El pasado octubre, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) daba la razón a la Junta de Castilla y León en su pretensión de que se suspendieran cautelarmente dos artículos de la anterior normativa de las diputaciones forales vascas obre el Impuesto de Sociedades, que afectaban a la localización de empresas.
En julio de 2005 el Gobierno de Castilla y León presentó sendos recursos contenciosos administrativos contra la normativa de sociedades de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por considerar que eran lesivas, al igual que las nuevas, para los intereses económicos de la Comunidad Autónoma y contribuían a la deslocalización industrial.



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