Pasaron las navidades y el Olentzero se olvidó de traer la tregua de ETA que anhelaba el Gobierno para fin de año. Ha sido la última frustración que se suma a un montón de fechas similares de los últimos doce meses que, a priori, se presentaban preñadas de buenos presagios y que pasaron con más pena que gloria. Basta mirar las hemerotecas de enero de 2005 para ver cómo las grandes esperanzas con que afrontaba el año el Ejecutivo socialista saltaban por los aires con aquel coche bomba de Getxo, colocado para matar, según contó el consejero de Interior, Javier Balza.

Pero cada fecha caducada en vano fue sustituida por una nueva, aun por venir, a la que se diferían las esperanzas anteriores. Ahora, la última fecha del horizonte es la del próximo día 21 en que se celebrará la asamblea final del proceso de debate 'Bide Eginez' que se ha desarrollado en Batasuna. Pero en esta ocasión el listón de las expectativas del Gobierno se ha puesto muy bajo: se conforman con que se ratifique la declaración de Anoeta y que continúen al frente del partido ilegalizado quienes ahora lo encabezan. Con eso ya considerarían que se ha avalado la apuesta por la paz de Batasuna.

No es pedir mucho si se tiene en cuenta que no ha habido un sólo proceso de debate en la izquierda abertzale que no haya sido ganado por goleada por el aparato de poder. Lo de menos en esos debates es el fondo de la discusión. Lo importante es que siempre sale lo que manda la cúpula, tanto si es blanco como negro. En el debate 'Urrats Berri', de 1991, los críticos que apoyaron a Iñaki Esnaola no pasaron del 15%. En el proceso 'Oldartzen', de 1995, los críticos sumaron el 16%, mientras que en el último, el debate 'Batasuna', de 1999/2000, se quedaron en el 11%.

No es pedir mucho pensar que por ratificar lo de Anoeta, Batasuna se está comprometiendo con la paz. Hace catorce meses que se formuló aquella declaración y desde entonces se han producido 68 atentados y se han frustrado unos cuantos más, algunos de ellos con intención de matar.

Pero, por si fuera poco, desde las instituciones se está contemplando con pasividad cómo un partido ilegalizado organiza en su nombre un acto público, como si no existiera la sentencia que pone a Batasuna fuera de la ley, ni la resolución del Tribunal Constitucional del pasado 20 de diciembre en la que se proclama la «muerte civil» de esta formación que carece de cualquier capacidad jurídica. Batasuna, incluso, expresa públicamente su desafío afirmando que el acto del día 21 pretende «hacer frente» a la ilegalización. Y los Gobiernos mirando hacia otro lado para no tener que aplicar la ley.