Si el próximo día 13 se confirma con los datos definitivos el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo armonizado difundido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación alcanzaría este año el 3,8%, seis décimas más que en 2004 y la tasa más alta desde 2002. El hecho de que la subida de precios duplique prácticamente el límite marcado por la UE, que es del 2%, constituye una pésima noticia, que no lo es menos por la circunstancia de que nuestro país creciera el año pasado a un ritmo del 3,4% -casi el doble de la media comunitaria-. Notoriamente, la subida exorbitante de los precios merma nuestra competitividad, explica el mal comportamiento del sector exterior y constituye la gran asignatura pendiente de la política económica del Gobierno para el ejercicio que acaba de comenzar.

El Gobierno no controla los tipos de interés, fijados por el Banco Central Europeo, pero puede adoptar medidas de política económica contra la perturbadora inflación. En esta etapa fuertemente expansiva, tendría sentido un rigor presupuestario todavía mayor que permitiría incrementar el superávit público. Pero, además, queda un largo camino por recorrer en el terreno de la competencia y de la liberalización y apertura de mercados. De otra parte, puede considerarse inoportuno que el día en que se conocía el pésimo comportamiento de los precios el Gobierno tomara la decisión de elevar un 5,4% el salario mínimo y un 3,4% -la inflación interanual de noviembre- las pensiones (las mínimas crecerán más). Nada hay que objetar a que se revisen las percepciones de los jubilados, pero la subida del salario mínimo, que tiene un indudable significado social, traslada al sistema económico una nueva y distorsionada presión inflacionista.