El Gobierno restó ayer importancia al veto del Tribunal de la Competencia a la OPA de Gas Natural sobre Endesa con el argumento de que la decisión ha sido tomada por los vocales nombrados por el PP, con mayoría en el organismo, y en contra del informe de los técnicos. Este razonamiento, que puede servir al Ejecutivo para desoir el informe del TDC, que no es vinculante, contribuyó a politizar aún más si cabe una operación empresarial que ya desde el principio se convirtió en una guerra entre partidos, que ha dejado muy dañada la credibilidad de los reguladores. El Partido Popular entró de lleno en el debate y exigió el acatamiento del dictamen del Tribunal. De lo contrario, advirtió, sería «un escándalo sin precedentes».

La primera valoración de la decisión del TDC la realizó el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, en una comparecencia peculiar, dado que el órgano regulador aún no ha redactado su dictamen y se supone, por tanto, que su contenido es secreto hasta que llegue a manos del Ministerio de Economía. Pero el Gobierno no quiso esperar tanto y, ante la publicación del veto en la prensa, se precipitó a dar su opinión.

Moraleda envió un mensaje de calma a la sociedad con la promesa de que el Ejecutivo antepondrá, en la resolución final, «los intereses de los consumidores, la industria y los accionistas a amigos, favores o apellidos concretos». También aseguró que el Gobierno, que tiene la última palabra en este caso, tomará una decisión basada en los informes de los dos reguladores que se han pronunciado sobre la OPA -la Comisión Nacional de la Energía y el Tribunal de la Competencia-, pero sin «ponderaciones» ni «prioridades» entre ambos textos. Hay que tener en cuenta que las recomendaciones del CNE y el TDC son contradictorias porque el primer órgano, con mayoría cercana al PSOE, aconseja aprobar la operación con condiciones y el segundo, con mayoría vinculada al PP, vetarla.

Pero, a continuación, el secretario de Estado de Comunicación no dudó en inclinar la balanza en contra del Tribunal de la Competencia al advertir que «los seis (vocales) que en su momento fueron propuestos por el PP se opusieron en bloque a la operación, pese a que el informe de los técnicos de esta organismo era favorable» a aprobar la OPA con condiciones. Se refería así a Francisco Javier Huerta, Fernando Torremocha, Miguel Cuerdo, Emilio Conde, Antonio del Cacho y Antonio Castañeda, que votaron a favor del veto. En la posición contraria se encontraban el presidente del organismo, Luis Berenguer, y Pilar Sánchez, -ambos nombrados por el Gobierno socialista-, y Miguel Comenge.

Antecedentes

Moraleda también destacó que la resolución del TDC no se ha tomado por unanimidad y que existen antecedentes en los que el Gobierno ha adoptado decisiones en contra de su opinión. Fue el caso de la compra de San Miguel por Mahou así como la fusión de Logista con Midesa, en las que el Ejecutivo aprobó las operaciones pese al veto del regulador.

El ministro de Industria, José Montilla, fue incluso más directo que Moraleda a la hora de politizar la decisión del TDC. «Los seis miembros del Tribunal de la Competencia que nombró el Gobierno de Aznar a propuesta del ministro de Economía Rodrigo Rato han cumplido con su trabajo», denunció. A su juicio, el PP «ha obstaculizado la OPA desde un buen principio».

La respuesta del PP no se hizo esperar. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, afirmó ayer que la «única salida digna que le queda al Gobierno» es hacer caso del dictamen del TDC. En la misma línea, el portavoz del PP para asuntos económicos, Miguel Arias Cañete, señaló que el Ejecutivo debe seguir las recomendaciones del Tribunal porque «así se despejarían las dudas de politización que han sobrevolado la operación». También pidió la dimisión de la presidenta de la CNE, la ex diputada socialista Maite Costa, que al pronunciarse sobre la OPA figuraba como consejera de empresas filiales de Agbar, vinculadas a La Caixa, principal accionista de Gas Natural.