José Luis Rodríguez Zapatero intentará aprovechar la buena marcha de la economía en 2006 para propiciar un impulso a las políticas sociales. El Gobierno cree que en los últimos meses la confusión generada por el debate en torno al Estatuto de Cataluña le ha impedido rentabilizar medidas como la subida de las pensiones o el incremento del salario mínimo interprofesional, por lo que esperará a que se despeje la negociación con CiU, ERC e IC-V para centrar la atención en su gestión.

Cuando logre encauzar la propuesta estatutaria remitida por el Parlamento de Cataluña, el Ejecutivo tratará de dejar a un lado las reformas territoriales -que le están costando un fuerte desgaste electoral- para poner en marcha lo que Zapatero ya ha definido como «patriotismo social».

Mientras al inicio de su mandato el presidente apostó por ampliar los derechos civiles de los ciudadanos -matrimonio homosexual, divorcio rápido o reparación moral a las víctimas del franquismo-, en esta nueva etapa quiere que sus políticas giren en torno a un único eje: las medidas sociales.

En los casi dos años que han transcurrido desde las pasadas elecciones generales, el Ejecutivo defiende haber atendido ya las demandas más urgentes con el incremento de las becas, de las pensiones o del salario mínimo interprofesional, pero tiene un programa más ambicioso a aplicar en lo que resta de legislatura con su 'proyecto estrella': la ley de dependencia.

La norma echará a andar en 2006, aunque no se completará hasta dentro de unos años y será uno de los pilares del Estado de bienestar. El PSOE cree que el proyecto cambiará la vida de millones de españoles y que dentro de unos años se recordará como hoy ocurre con la extensión de las pensiones no contributivas que el Gobierno de Felipe González aprobó en 1990.

Otro proyecto al que el Ejecutivo concede gran importancia es la ley de igualdad, con la que Zapatero espera incentivar el papel de la mujer en el trabajo, en los puestos de dirección y también acabar con su discriminación al acceder a determinados empleos.

El Gobierno espera que la negociación del Estatut no se prolongue más allá del verano y que en estos meses disminuya el «ruido» que ha generado su discusión para centrar la acción gubernamental en las políticas sociales, sepultadas en los últimos meses por la polémica en torno al texto catalán.