El Correo

Un auditor de las defensas admite que no halló rastro de las 'black' en los informes de retribuciones de Caja Madrid

  • Cree “evidente” que los supervisores (Banco de España y CNMV) y Hacienda tenían constancia de la existencia de las tarjetas pese a aparecer en una cuenta infrecuente

Concluida la prueba pericial en el juicio por las llamadas tarjetas ‘black’, con las que se despilfarraron 15,5 millones de euros de Caja Madrid y luego Bankia entre 1999 y 2012, las dudas sobre la motivación real de ese polémico sistema de pagos siguen latentes. Tres días de comparecencias de expertos, la mayoría propuestos por las defensas, han servido para reiterar las quejas que los acusados plantearon al principio de la vista oral como cuestiones previas, fundamentalmente la posible nulidad de la principal prueba de cargo (los archivos de Excel que recogen los gastos realizados con esos ‘plásticos’) ante el riesgo de su “alteración” por terceros, pero algunos de sus argumentos han terminado resultando contradictorios.

Un ejemplo de ello fue la comparecencia este viernes del auditor de cuentas Francisco Serrano, que ha elaborado un informe por encargo del abogado del exconsejero de la caja de ahorros José Antonio Moral Santín. En sus conclusiones defiende que dichas tarjetas (Visa Oro y Plata) no eran “en ningún caso” para gastos de representación porque, entre otras cosas, disponían (no todas, sin embargo) de una clave PIN para poder sacar dinero libremente de cajeros y eso rompe la sistemática habitual de los desembolsos profesionales de empresa al resultar “imposible controlar” a qué destino final se aplican puesto que la entidad madrileña comunicó a sus usuarios que no era necesario que presentaran facturas.

Señaló asimismo que “por su propia naturaleza” estas tarjetas no pueden tener un límite de gasto. Sin embargo, según las declaraciones de distintos acusados y testigos, las ‘black’ sí tenían un límite de gasto mensual y también otro anual -se fijaba en última instancia desde la presidencia que ocupaba Miguel Blesa-, aunque es cierto que con frecuencia se autorizaba superarlo. De igual forma, los beneficiarios de las mismas no podían acceder a su estado financiero ni movimientos, algo que no ocurre con los ‘plásticos’ normales y sí con los de empresa.

Este auditor defendió, por otro lado, que tanto los órganos supervisores (Banco de España y CNMV) como Hacienda tenían constancia de la existencia de las polémicas tarjetas y también de la cuenta donde se cargaban. “Evidentemente tienen acceso”, dijo argumentando a continuación que “de nada sirven las inspecciones si se limitan a las operaciones cotidianas” y no entran en las corporativas, las que “realmente determinan el futuro de una entidad”.

Una cuenta nada usual

El problema es que dicha cuenta, denominada “Gastos de Órganos de Gobierno-Mayo 1988”, no era precisamente la que normalmente recogía los gastos de todas las tarjetas que Caja Madrid emitía para su personal. Pese a ello, Serrano apuntó con ironía que podía haberse conocido porque “las que tienen nombres no habituales son aquellas hacia las que se le va la vista a uno cuando te dedicas a este oficio (auditor)”. Pero a preguntas del abogado de la acusación particular que ejerce Bankia terminó reconociendo que ha sido incapaz de situar las cantidades desembolsadas con las ‘black’ en los informes de remuneraciones elaborados por la entidad de ahorros.

Según él, esa habría sido una responsabilidad del propio banco aunque, por lo que sabe, “no lo hizo”. Sin embargo, esta respuesta contradice otra de las tesis de las defensas, que sostienen que Bankia no estaría legitimada aquí para ejercer la acusación –y, por tanto, tampoco para reclamar una indemnización- puesto que todos los gastos de las controvertidas tarjetas se cargaron a Caja Madrid, incluidos los de 2011 y 2012 que fueron inicialmente a su fundación aunque luego terminó desviandolos a la entidad que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri.

La vista oral se reanudará el próximo 5 de diciembre con la presentación ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga este caso de las conclusiones definitivas de acusaciones y defensas, trámite para el que están previstos en principio tres días de esa misma semana por el alto número de acusados (65). El primero en intervenir, en principio, será el fiscal Alejandro Luzón.

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