El Correo

El Consejo de Ministros aprueba la nueva subasta de renovables por 3.000 MW

  • Esta nueva subasta 'verde' está enfocada a instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica en concurrencia competitiva

El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de este viernes a una nueva convocatoria de subasta de energías renovables por 3.000 megavatios (MW) en el marco de la requerida transición energética para luchar contra el cambio climático.

En concreto, el Ejecutivo acordará un Real Decreto para la asignación, a través de una subasta, del régimen retributivo específico para instalaciones de tecnologías renovables, hasta un máximo de 3.000MW. Para poder participar en la subasta, las instalaciones deberán estar situadas en la Península.

Esta nueva subasta 'verde', que ya fue anunciada hace unas semanas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el marco de unas jornadas sobre el clima, está enfocada a instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica en concurrencia competitiva, de tal manera que resulten adjudicadas aquellas más eficientes en costes.

Esta sería la tercera subasta 'verde' tras la del año pasado en la que se adjudicaron 700 MW (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa) y la llevada a cabo el pasado 17 de mayo, para adjudicar otros 3.000 MW de potencia, de los cuales 2.979 MW, el 99,3% del total fue a parar a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20MW al resto de tecnologías, el 0,66%.

En esta subasta, las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido. Esto supone que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales a los ingresos que obtienen por el mercado, en el escenario de precios medios de referencia.

El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, la filial 'verde' de Endesa, y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 MW.

Cierre de centrales eléctricas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha avanzado su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales eléctricas al no haber encontrado apoyo en el resto de las fuerzas políticas para hacerlo con rango de ley.

El objetivo de esta normativa es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica, ha explicado Nadal en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Nadal ha recalcado que el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético (reparto de la capacidad de generación entre las distintas tecnologías), una cuestión que, a su juicio, es competencia del Parlamento y del Gobierno.

El titular de Energía ha explicado que el posible cierre de centrales responde a una situación relativamente nueva porque hasta hace poco el consumo eléctrico crecía cada año y cada vez se necesitaba más potencia instalada. Ahora, ha dicho, "la demanda crece a menor ritmo que el PIB" y, además, se está incorporando potencia renovable, lo que puede provocar algún exceso de capacidad.

Ante esta situación, Nadal ha mantenido contactos con el PSOE y Ciudadanos para regular el proceso de cierre de las centrales a través de una ley, pero, según ha explicado, no ha encontrado interés por su parte.

Por ello, el titular de Energía apuesta por elaborar "una regulación reglamentaria lo más amplia posible". "Haremos lo que podamos con rango reglamentario. Este tema no puede estar sin regular", ha explicado.

Nadal ha criticado en varias ocasiones al PSOE por su negativa a elaborar un decreto ley que establezca las condiciones para el eventual cierre de centrales eléctricas. El titular de Energía desveló su iniciativa, y el rechazo del PSOE, tras constatar el probable cierre de las centrales de carbón que Endesa tiene en Andorra (Teruel) y Compostilla (León).

Endesa sostiene que acometer las inversiones en materia medioambiental que requerirían estas centrales para seguir en funcionamiento después de 2020 las haría inviables en las condiciones regulatorias actuales.

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